Quito. Tras la explicación este viernes de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la detención de Walter Solís, ex ministro de Transportes y Obras Públicas de Ecuador, y una supuesta participación del gobierno ecuatoriano, las autoridades de Quito mantuvieron silencio al respecto.

Sin embargo, tanto los abogados de Solís como varias fuentes allegadas al ex ministro, en condición de refugiado en México, exponen sus sospechas de que esa acción no responde a los procedimientos normales y tradicionales para con una persona que cuenta con la garantía de no devolución al país requiriente.

Fue la Policía Federal Ministerial la que acudió al domicilio de Solís en la Ciudad de México y los agentes se lo llevaron a la Terminal 1 del aeropuerto internacional Benito Juárez, por lo cual los familiares y allegados del ex funcionario ecuatoriano no salían de su asombro dada su condición de refugiado. La duda del abogado Miguel Olmedo es cómo un juez federal pudo emitir una orden de extradición. A su decir, habría sido una locura llevárselo tomando en cuenta el estado de las relaciones entre Ecuador y México, mucho más cuando el presidente ecuatoriano está enjuiciado por el asalto a la embajada en abril pasado.

El mismo jueves, inmediatamente después de la retención, La Jornada intentó establecer contacto con Solís y uno de sus allegados no sólo confirmó su situación, sino que alertó de que estaría –en cualquier momento– siendo subido a un avión y llevado, vía Panamá, hasta Guayaquil. Sin embargo, minutos después, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el ex funcionario ecuatoriano recuperó su libertad y mantiene el estatus de asilado conforme a la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, tal cual ayer reiteró la mandataria mexicana.

Del mismo modo, Sheinbaum dijo que hasta donde tiene conocimiento, no hay ningún fundamento para señalar que el gobierno ecuatoriano coordinó con oficinas corruptas de la Fiscalía General de la República (FGR) para llevárselo a Ecuador, violando así los procesos legales y su condición de refugiado político.

El ex funcionario refugiado en México desde 2021 es procesado por el caso Reconstrucción de Manabí, junto con el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, quien se había asilado en la embajada mexicana en Quito, hasta que fue asaltada por órdenes del presidente ecuatoriano.

Al ser consultados, los abogados Olmedo y Moisés Montiel señalaron que gracias a la intervención de la cancillería, su cliente fue liberado, luego de que le mostraran el acuerdo de refugio al personal de la FGR que efectuó su detención con fines de extradición a Ecuador. La orden de aprehensión fue concedida por un juez del Reclusorio Sur.

En un documento difundido en redes sociales, también se descartó esa versión de que la Interpol habría emitido una ficha roja y solicitud de capturar a Solís desde enero de este año.

Al consultar a la cancillería ecuatoriana sobre este asunto, no hubo respuesta oficial, pues al no existir relaciones diplomáticas entre los dos países, según una fuente, no hay motivo para explicar lo que no está entre sus tareas institucionales.