l magistrado de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) Felipe Fuentes Barrera elaboró un proyecto de sentencia en el cual se considera constitucionalmente inviable suspender la elección de juzgadores porque en materia electoral no opera la institución de la suspensión en los actos de autoridad, es decir, amparos. En este sentido, se otorga garantía de continuidad a los preparativos para que el próximo 1º de junio sean elegidos de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía los nueve ministros o ministras de la Suprema Corte de Justicia; dos magistraturas de la Sala Superior del TEPJF, así como todas las correspondientes a las salas regionales de este mismo tribunal, con base en los plazos expresamente previstos en la Constitución y leyes secundarias.

De aprobarse, el proyecto que posiblemente será votado el próximo miércoles invalidaría los amparos expedidos de manera ilegal por jueces que buscan frenar el proceso democrático. En particular, pondría final a las amenazas y extorsiones dirigidas al Instituto Nacional Electoral (INE), cuyos consejeros fueron amagados por el Juzgado Segundo de Distrito con sede en Colima para que suspendan la organización de las elecciones de togados: según ese tribunal, en caso de que no acaten la medida se le exigirá a cada uno el pago de una multa de 54 mil pesos y se dará vista al Ministerio Público Federal para que inicie una carpeta de investigación y los sancione por desacato a una determinación judicial.

Al otorgar un amparo a sabiendas de que carece de asideros jurídicos, el tribunal colimense da la impresión de que únicamente se busca posponer un resultado inevitable, que ya fue tramitado con apego a las normas por el Congreso de la Unión y que cuenta con el aval de la voluntad popular expresada en las urnas. Ante estas tretas dilatorias, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene razón al exhortar a la ciudadanía para que vigile y denuncie la corrupción judicial en forma de año de Hidalgo, es decir, la intención de jueces, magistrados y ministros de emprender un saqueo sistemático antes de dejar sus cargos en 2025. De hecho, ya existen antecedentes de la codicia de los juzgadores y de su determinación de arrasar con lo que encuentren a su paso: el pasado 11 de septiembre, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aprobó por unanimidad un sistema que otorga compensaciones vitalicias que se suman a las pensiones otorgadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste); mientras en julio el ex presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que el Poder Judicial estaba vaciando a marchas forzadas los multimillonarios fideicomisos en los que ha ido depositando recursos públicos con los que la cúpula de la Judicatura financia sus derroches y privilegios.

La demostración reiterada de que gran parte de los miembros del Poder Judicial tienen como únicos móviles la acumulación de riqueza y poder personales, así como de su carencia de sensibilidad social, sentido republicano y respeto por las leyes de las que se dicen garantes, confirma la necesidad de la reforma puesta en marcha y de avanzar en el proceso de elección del que surgirán los nuevos juzgadores. Cabría esperar de los togados salientes que cesen sus artimañas y tengan un gesto de postrera dignidad ante el clamor popular por sanear el aparato de impartición de justicia.