currió en la madrugada de ayer. La relección de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la CNDH confirmó que el actual gobierno no tiene intenciones de poner en el centro a las víctimas y enderezar el camino en materia de derechos humanos en el país. Así, las oportunidades que identificábamos en este espacio hace dos semanas han quedado atrás.
Dicha relección hay que inscribirla en el proceso iniciado en el sexenio anterior para debilitar el entramado de contrapesos institucionales que garantizan el efectivo equilibrio democrático indispensable para la salud política del país. Dicho proceso se operó primero discursivamente a través de reiteradas descalificaciones y señalamientos negativos contra la existencia de estos organismos, cuestionando su legitimidad y denostando su importancia como garantes de las condiciones democráticas del país; luego, se dio paso a una pauta de recortes presupuestales dirigidos a los organismos constitucionales autónomos, al tiempo que se nombraba al frente de estos organismos a personas cuestionadas, como fue el caso de la primera elección de Rosario Piedra al frente de la CNDH, hoy ratificada.
Con ello, la corriente morenista, cuya trayectoria y popularidad se forjaron en el curso de una lucha histórica por la consolidación democrática y la agenda de los derechos humanos en México, parece haber olvidado –ya instalada en el poder– su matriz ideológica, y en sólo seis años ha logrado dar marcha atrás a numerosos avances institucionales que costaron décadas de un esfuerzo de construcción conseguido a través de la movilización de la sociedad civil y la lucha política de muchos de quienes hoy integran el bloque mayoritario.
La actual oposición política, por supuesto, no está exenta de responsabilidad, pues cuando detentó el poder, consintió y se benefició de la opacidad y parcialidad a las que por momentos se prestaron dichos organismos; y ahora en un papel de contrapeso político débil, con poca consistencia y autoridad moral, de lo cual son muestra no pocas de sus recientes decisiones y estrategias, a todas luces faltas de pertinencia para nuestro contexto social. Hoy tenemos en el país un sistema de pesos y contrapesos en crisis, no sólo por la mayoría calificada que vemos en las cámaras, sino por la minoría desdibujada y poco estratégica que no ha sabido configurarse y ejercer su papel como oposición en representación de las minorías.
La relección de Piedra significa también una gran oportunidad desaprovechada por la nueva administración de desmarcarse de los errores del último sexenio y de imponer una agenda propia sobre derechos humanos.
Ya en ediciones pasadas habíamos identificado el debilitamiento de la CNDH durante la gestión de Piedra. Retomando cifras relevantes, decíamos que, de las 132 recomendaciones por violaciones graves a derechos humanos emitidas en el sexenio de López Obrador, sólo 17 atendían a casos ocurridos después del 1º de diciembre de 2018. Además, mientras el principal tema atendido por las recomendaciones sobre hechos ocurridos en sexenios anteriores era seguridad y justicia, la mayoría de las recomendaciones sobre hechos ocurridos durante el sexenio de López Obrador atendieron violaciones al derecho a la salud, ignorando sistemáticamente las violaciones cometidas por la Guardia Nacional y las fuerzas armadas.
En el mismo sentido, la CNDH a cargo de Piedra respaldó abiertamente el fortalecimiento militar de la Guardia Nacional y el debilitamiento de los organismos constitucionalmente autónomos. Esa alineación política, que hace unos años provocó la renuncia de todos los integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH, es la que hoy respalda su relección, afectando sobre todo a las víctimas, destinatarias principales de la existencia de una comisión autónoma para salvaguardar y promover los derechos humanos en el país, y a las que la comisión ha dado la espalda.
Se trata de una expresión de regresión democrática hacia un pasado que creímos superado, y al que ahora vamos en franco retorno. En el sexenio que se inicia, los vientos dominantes parecen ser los propios del debilitamiento de los organismos autónomos y la agenda de derechos humanos seguirá siendo instrumentalizada en favor de un discurso que niega toda violación de derechos en el presente.
No dejaremos de insistir que, en un país asediado por la violencia y con índices abrumadores de impunidad, la centralidad de las víctimas es indispensable para enmendar el camino y construir una institucionalidad que efectivamente cuide de la dignidad de las personas. El camino hacia la paz y la democracia pasa por la política social, pero también por el fortalecimiento de las instituciones democráticas, representativas y de justicia, así como del sistema de pesos y contrapesos del que los organismos autónomos son claves. La historia demuestra que sólo así es posible atender efectivamente la conflictividad social y la injusticia prevaleciente, con la mirada puesta en la reconciliación social.
A Rosario Piedra la tendremos al frente de la CNDH cinco años más. Para eso ya es tarde, pero aún hay margen para enmendar el camino y honrar la lucha de Rosario Ibarra de Piedra y de tantas víctimas que han construido con su lucha las instancias que hoy protegen los derechos humanos en el país. La lucha por los derechos humanos seguirá.
