al como estaba previsto, se consumó la imposición de Rosario Piedra Ibarra para presidir por un segundo periodo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Fue la peor calificada de las aspirantes que el Senado valoró y aun así, traicionando el sentido de la convocatoria original, para que a partir de ella votaran los legisladores, se integró una terna tramposa, que desechó a quien había quedado en segundo lugar (Tania Ramírez) y se agregó (por consideraciones políticas) a Piedra Ibarra, que había quedado en el lugar número 15.

La sesión senatorial correspondiente, y sus horas previas, estuvieron cargadas de ingredientes deshonrosos. El coordinador obradorista del Senado, Adán Augusto López Hernández, transfirió a las bancadas guindas y anexas la instrucción superior (¿metasuperior?) de votar sin fisuras a favor de la hija de la gran defensora de los derechos humanos, Rosario Ibarra de Piedra, ya fallecida. Fue descarnada la exhibición de sometimiento de voluntades de senadores 4T: en términos aritméticos fue mayoría calificada, suficiente, indiscutible, pero a costa de exhibir conductas políticas del pasado que se dice se intenta superar, regenerar.

La pelea, las costuras exhibidas del autoritarismo interno y de la lucha entre facciones (ésta, con impacto en la consolidación del poder presidencial actual), habría sido innecesaria. La 4T pudo haber escogido de entre muchos perfiles idóneos para impulsar una verdadera cultura de defensa de los derechos humanos. Pero, como ello implicaría cumplir con el objetivo de tales comisiones, la defensa de los ciudadanos (incluso los acusados de delinquir) ante abusos del poder, se prefirió mantener a Piedra Ibarra a fin de continuar con una política de autocontención, de ineficacia alineada con los intereses del poder en turno.

Por lo pronto, Omar García Harfuch incrementa el riesgo de exposición a las eventuales indagaciones o recomendaciones de la citada CNDH, pues el Poder Legislativo le ha extendido facultades que lo convierten en un supersecretario (a Genaro García Luna se le llamó en esta columna, durante el sexenio calderonista, el vicepresidente ejecutivo), con atribuciones directas de investigación de presuntos delitos, además de la desbordante coordinación general de las acciones militares y policiacas en el país.

Con menos facultades políticas durante la presidencia de Claudia Sheinbaum, y por tanto con mayores ánimos de confrontación, el entrometido embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, hizo críticas a la política obradorista de abrazos, no balazos, con señalamientos que durante el gobierno del tabasqueño no hizo con la oportunidad adecuada. Incluso mencionó que la administración federal anterior no quiso recibir decenas de millones de dólares en ayuda (la clásica manzana envenenada) para tareas de seguridad pública en México.

Ken Salazar quiso definirse como alguien sorprendido por las posturas del entonces presidente López Obrador, e incluso mencionó, con aire de presunta inocencia, que a partir del episodio de El Mayo Zambada y un hijo de El Chapo captados por autoridades del vecino país, ahí completamente se cerraron las puertas de parte del gobierno de México, nunca de parte del gobierno de Estados Unidos.

En la formación de política belicista que está diseñando Donald Trump se oficializó la designación del senador cubano-estadunidense como secretario de Estado. El cargo es mucho más que una secretaría de relaciones exteriores, pues la dimensión aún dominante de Estados Unidos en el mundo hace que su Secretaría de Estado sea una instancia de intervencionismo y de definición de prioridades para el imperio, incluyendo guerras o desestabilización de países adversarios o cercanos a esta calificación según Washington. ¡Hasta mañana!

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