una semana del triunfo electoral de Donald Trump, que posiblemente se traduzca en el fin de su encargo, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, hizo declaraciones que opacan en injerencismo, grosería y mendacidad a las que había proferido en meses recientes. Aseguró que la estrategia de seguridad del ex presidente Andrés Manuel López Obrador no funcionó, que desde febrero de este año el anterior titular del Ejecutivo pausó los esfuerzos operativos de Washington en materia de seguridad, y lo acusó de haber cerrado las puertas a la cooperación bilateral, un aserto que contradice sus reiteradas afirmaciones acerca de la sincronía entre López Obrador y Joe Biden en el tema. Asimismo, porfió en llamar detención al secuestro y traslado forzoso de Ismael El Mayo Zambada e incluso criticó la política del ex mandatario y de la actual Presidenta contra la corrupción y la frivolidad en el gasto público.

Se trata de una diatriba fuera de lugar, impropia de los usos diplomáticos, injerencista en asuntos de exclusiva competencia interna de México y que, por lo tanto, deja sin margen la cordialidad de la que pudo beneficiarse la misión del propio Salazar en nuestro país.

Ante todo, los dichos del diplomático son una colección de falacias: la reducción en los homicidios, feminicidios y otros delitos, especialmente la drástica disminución de secuestros, desmiente el fracaso de la estrategia que se estableció a partir de diciembre de 2018 para revertir la espiral de violencia. No está de más recordar que esa violencia se incrementó de manera exponencial cuando Washington maniobró para imponer en Los Pinos a Felipe Calderón y conspiró con él para sumir al país en la guerra contra el narcotráfico, una fórmula de patente estadunidense que desde hace medio siglo ha dejado un reguero de sangre allí donde ha sido impuesta, sin un solo resultado positivo en limitar las existencias de los estupefacientes que los consumidores del país vecino del norte demandan a cualquier precio.

Todos los indicadores muestran que desde diciembre de 2018 México ha hecho su parte en el control de las sustancias ilícitas y la judicialización de los presuntos cabecillas del crimen organizado: sólo en el primer año y medio del sexenio pasado, 89 personas acusadas de tráfico de drogas fueron extraditadas por petición de Estados Unidos, mientras entre el 1º de diciembre de 2018 y el 31 de julio de 2023 se decomisaron 7 mil 571 toneladas de fentanilo, con un crecimiento de mil 123 por ciento en las incautaciones en dicho periodo. En contraste, durante toda la administración de Enrique Peña Nieto se confiscaron apenas 532 kilogramos.

En cambio, en Washington no se ha hecho nada sustancial para contribuir en la lucha contra los cárteles: no sólo se mantuvo intacto su sistema bancario y sus leyes de creación de empresas que convierten al país en la mayor lavandería de dinero del mundo, sino que solapó la fabricación, venta y tráfico de armas a sabiendas de que los clientes de las armerías son los grupos delictivos a los que los gobiernos estadunidenses dicen que quieren combatir.

La destemplanza exhibida por el experimentado político obliga a preguntarse si su salida de tono representa un intento de congraciarse con Trump o si es el extraño gesto de despedida de alguien que se encuentra ya preparando las maletas. Sea como sea, con esta serie de dislates hace indeseable la prolongación de su permanencia en el país, en el que deja, por sus estridencias declarativas de los últimos meses, un recuerdo desagradable. Finalmente, sus palabras son una triste evidencia de que en sus tres años al frente de la embajada de Estados Unidos en México no entendió nada.