Nueva York y Washington. ¿Cómo puedes escapar de la justicia criminal en Estados Unidos y hasta de un posible encarcelamiento? Gana una elección presidencial.

Donald Trump es el primer ex presidente y candidato presidencial convicto por cargos criminales y civiles, y bajo acusación de delitos federales que incluyen su participación para subvertir una elección y manejo ilícito de documentos de inteligencia nacional, y por lo tanto, ahora es el primer presidente electo criminal. Pero con su triunfo, es muy probable que Trump evite por lo menos dos procesos criminales en su contra a nivel federal, otro caso estatal pendiente en Georgia, y además ahora queda en duda si será sentenciado en el caso estatal en Nueva York, después de haber sido declarado culpable por ocultar pagos a una actriz de pornografía.

Los procesos legales contra el presidente electo ahora están en duda. En Nueva York, la cita para sentenciar a Trump después de que en mayo un jurado lo declaró culpable de ocultar pagos para comprar el silencio de una actriz de pornografía antes de la elección de 2016, fue postergada hasta el 19 de este mes por el juez Juan Merchan para evaluar si procederá o no el asunto. Fue en este juicio que Trump se convirtió en el primer ex mandatario convicto de un delito. Inmediatamente después de la elección, los abogados de Trump solicitaron que el caso se descartara por completo, ya que su cliente tiene que prepararse para encabezar al país, a la luz del fallo reciente de la Suprema Corte de que un presidente goza de casi completa inmunidad por actos mientras está en la Casa Blanca, y también para evitar impedimentos inconstitucionales para que Trump empiece a gobernar.

Los fiscales tampoco saben cómo proceder. Estas son circunstancias sin precedente, escribió uno de los fiscales al juez, y dijo que la fiscalía evalúa la manera de manejar el veredicto ante un acusado que está por asumir la presidencia.

Esos mismos argumentos de los abogados de Trump se han empleado ante los casos criminales que enfrenta a nivel federal. Pero tras los comicios, el fiscal especial Jack Smith ya está preparando su renuncia, antes de que Trump asuma la presidencia y lo despida como ha prometido, según el New York Times. Todos los expertos coinciden en que la procuración de justicia en los dos casos federales –uno acusado de conspiración para subvertir los resultados de la elección que perdió hace cuatro años y el otro en torno a su manejo ilícito de documentos secretos de inteligencia y seguridad nacional después de salir de la Casa Blanca– efectivamente queda anulada con su relección.

El Departamento de Justicia se guía por una norma de no proceder penalmente contra un presidente activo, aunque eso no es algo establecido en las leyes del país, y además el fallo de la Suprema Corte sobre inmunidad ampliada también descarriló parte de este proceso.

Al centro de ambos casos estaba el argumento por el Departamento de Justicia y su fiscal especial de que nadie está por encima de la ley, incluido un ex mandatario. Ahora, el virtual Ejecutivo y sus aliados aparentemente han logrado comprobar lo opuesto e incluso están procediendo para cumplir con su amenaza de perseguir a sus perseguidores dentro del gobierno, entre ellos al fiscal Smith, quien tiene protección ante amenazas de muerte por fanáticos de Trump desde hace dos años.

Mientras, queda pendiente otro caso criminal a nivel estatal en Georgia que acusa a Trump de intentar subvertir la elección de 2020, y aún no se sabe si éste procederá o no.

Trump, además, cuenta, como presidente, con el poder del indulto, el cual se especulaba sería empleado para sí mismo si los casos federales en su contra habrían procedido. Ese poder no se extiende a casos estatales.

El magnate y sus abogados usaron tácticas legales para obstaculizar y demorar a todos los casos en su contra –el de Nueva York ya no lo logró evitar– durante los últimos años apostando a que su campaña electoral y eventual triunfo serían el gran escape de sus problemas legales en los que potencialmente enfrentaba hasta penas de prisión.

Ahora, cuando regrese a la Casa Blanca, muchos estarán observando si procede, como prometió, a indultar a cómplices en sus delitos y violaciones legales e incluso a sus simpatizantes. Entre sus primeras decisiones está qué tanto cumplirá con su promesa de indultar y/u otorgar clemencia ejecutiva a los cientos de condenados penalmente por el asalto contra el Capitolio el 6 de enero de 2021, a quienes ha llamado patriotas festejando un día de amor. Si lo hace, sería anular el proceso criminal federal más grande de la historia.

¿El imperio de la ley?

Ante todo esto, se puede concluir que eso de que no hay nadie por encima de la ley –fundamento constitucional de esta república que en parte con ese principio festeja su nacimiento como día de liberación de un rey supremo– ya no es respetado ni simbólicamente. Con una Suprema Corte que abiertamente favorece al presidente electo y su movimiento, y con la idea de que los límites y normas constitucionales no necesariamente se aplican en torno a derechos básicos o en el manejo de un gobierno, la ley se vuelve algo cada vez menos imperante cediendo a la impunidad al más alto nivel.