Zimapán, Hgo., Unos 200 pobladores de las tres localidades que integran al ejido San Pedro, Zimapán, ubicado en la Sierra Gorda de Hidalgo, bloquearon los accesos a tres minas con apoyo de camioneros del Sindicato del Cemento, para exigir que se paguen indemnizaciones por los daños que empresas mineras ocasionaron al ampliar los carriles del camino de terracería que conecta a esos yacimientos con la cabecera municipal.

Los yacimientos, cuyos accesos fueron bloqueados con camiones del Sindicato del Cemento y otros vehículos, pertenecen a los consorcios Carrizal Mining –subsidiaria de la canadiense Santacruz Silver Mining–, Guadalupe y Sánchez González.

Camiones de transportistas que laboran para esas vetas no lograron ingresar a ellas desde ayer a las 8 de la mañana para cargar los metales que se extraen de las mismas, cuyas actividades quedaron paralizadas.

De acuerdo con ejidatarios de San Pedro, las empresas mineras y grupos de transportistas que acarrean los metales extraídos de los yacimientos se apropiaron del camino de terracería que comunica a sus parcelas, que hace 20 años era tan estrecho que a duras penas podía circular un tractocamión.

Aseguraron que con el paso de los años los empleados de las empresas, cada que revisten el camino, mañosamente lo han ido ampliando en carriles a tal grado que ahora circulan hasta dos tráileres sin ningún problema, afectando nuestras parcelas.

Sostuvieron que los daños a sus terrenos consisten en que el camino se amplió hacia los lados, ocupando parte de sus tierras sin permiso de los ejidatarios, a quienes no se pagaron las compensaciones correspondientes, y cuando hemos protestado y nos hemos manifestado por esa situación, los dueños de dichas empresas mandan a los transportistas para que con lujo de violencia nos desalojen.

Los ejidatarios relataron que hace aproximadamente 12 años, un individuo de nombre Carlos Salazar, alias El Zorrillo, quien encabeza a un grupo de transportistas de material pétreo, en complicidad con otro identificado como Javier Chávez, alias El Bigotes, sobornaron al entonces representante del ejido para que cediera el terreno que ocupaba el primer pozo de agua potable de la localidad a los dueños de la mina Guadalupe, de tal forma que usaran el líquido para sus actividades extractivas.

A cambio, El Zorrillo obtuvo con-tratos para que sus afiliados acarrearan material pétreo, mismos que inicialmente habían sido asignados a los ejidatarios, quienes se quedaron sin pozo y sin la posibilidad de mover lo extraído de los veneros .

De igual manera, advirtieron que los bloqueos serán permanentes, hasta que se lleguen a acuerdos justos a sus demandas, por eso solicitaron la intervención de las autoridades estatales.

Por último, responsabilizaron de cualquier agresión que puedan sufrir a los grupos de transportistas que laboran para las minas, y también a los propietarios de las vetas.