Un juez federal con sede en Quintana Roo admitió a trámite la primera demanda de amparo contra la decisión del gobierno mexicano de expropiar los terrenos de la empresa Vulcan Materials Company en Quintana Roo, donde esta firma explotaba en la mina a cielo abierto Calica, para extraer piedra caliza y otros materiales que enviaba a Estados Unidos.

Sin embargo, el juez Ciro Carrera Santiago, del juzgado noveno de distrito en Quintana Roo, con residencia en Cancún, negó la suspensión provisional, pues argumentó que de conceder la medida cautelar de los actos reclamados podría verse afectado el bienestar del orden social, pues la sociedad está interesada en evitar que se altere el equilibrio ecológico de esa localidad. Agendó para el próximo 26 de noviembre la audiencia incidental donde determinará si otorga la suspensión definitiva.

De acuerdo con el expediente, un particular, cuyo nombre está testado, promovió el recurso contra el decreto que emitió el ex presidente Andrés Manuel López Obrador. Entre los actos que reclama está la decisión por la que se pretende declarar área natural protegida Felipe Carrillo Puerto, con la categoría de área de protección de flora y fauna, la superficie de 53 mil hectáreas, ubicada en los municipios de Solidaridad, Cozumel y Tulum, estado de Quintana Roo.

El juzgador consideró improcedente otorgar la suspensión provisional, toda vez que, pronunciarse de forma contraria, ocasionaría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público. Es así, ya que tales actos se relacionan directamente con la realización de un programa para la conservación de un área natural, de acuerdo con la ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.