Mientras el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se mantiene firme en cuanto a dar luz verde a la elección de juzgadores, en el Instituto Nacional Electoral (INE) están en la fase de impugnación hacia el medio millar de solicitudes de amparos contra esa reforma constitucional y legal.

En el INE están en plena ruta jurídica, de ahí que todavía no hay humo blanco para comenzar con los preparativos para la elección de jueces, magistrados y ministros, que debe realizarse el primer domingo de junio próximo.

Es decir, a escasos siete meses de esos comicios, los consejeros no han alcanzado un acuerdo que permita arrancar con la organización, mientras que sus abogados empezaron a enviar los recursos de sobreseimiento por medio de sus oficinas locales.

Hasta ahora van 525 recursos frente a los cuales el INE ha iniciado la réplica; el mayor número de trámites se dieron en Guanajuato (48), Veracruz (46), Michoacán (43) y Jalisco. Por el contrario, las entidades con menos recursos son Baja California Sur y Sonora, uno en cada estado; Aguascalientes, tres, y Oaxaca y Tlaxcala, con cinco cada uno. Hidalgo no reporta recursos.

Adicionalmente, los 11 consejeros preparan en conjunto una queja contra el juzgado que les impuso una multa de 54 mil pesos a cada uno; el escrito será presentado en los próximos días.

A la vez se interpondrá un juicio electoral contra los efectos de las suspensiones provisionales y definitivas.

La estrategia del INE, según funcionarios consultados, prevé también para esta semana solicitar a la Suprema Corte –vía el Senado– ordene a los juzgadores de distrito la resolución de los diversos juicios de amparo.

Aparte, por orden de una mayoría de seis consejeros, la Secretaría Ejecutiva debe presentar a más tardar el 19 de noviembre una controversia constitucional contra la reforma legal que permite a la presidenta del INE nombrar a directivos sin contar con el aval del consejo general y a la Junta General Ejecutiva tomar decisiones incluso de aspectos relativos a la elección judicial.

Mientras tanto, la sala superior del TEPJF determinó no ha lugar a una solicitud del director jurídico del Consejo de la Judicatura y de una organización civil para tratar de revertir la decisión que ratificó la facultad del INE para organizar la elección de juzgadores.

El acuerdo fue emitido a partir del voto unánime de los cinco magistrados, pero con los votos razonados de dos de ellos (Rodríguez y Otálora), con lo que se ratifica la división de criterios en esta sala superior, máxima instancia en materia electoral.

Determina que no ha lugar a dar trámite al escrito, toda vez que se pretende controvertir un acuerdo plenario emitido por este órgano jurisdiccional, cuyas determinaciones son definitivas e inatacables, se responde a los inconformes, incluido el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, que pretenden controvertir la declaratoria de inicio del proceso para la elección de juzgadores, la elaboración del plan integral y la creación de la Comisión Temporal del INE, creada para este proceso.