Elsa Zamora Chávez, síndica municipal de Tangancícuaro, Michoacán, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional que busca la invalidez de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF).

El recurso, con el número 310/2024, fue turnado a la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien decidirá si la admite a trámite o la desecha.

La síndica pide la invalidez del decreto de la enmienda judicial publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 15 de septiembre, que a su vez aprobó el mismo día el Poder Legislativo de Michoacán.

El martes de la semana pasada, el pleno de la Corte desechó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá que iba por invalidar artículos torales de la reforma judicial, al resolver cinco acciones de inconstitucionalidad.

El proyecto no fue aprobado porque no reunió la mayoría calificada de ocho votos, ya que el ministro Alberto Pérez Dayán se dijo en contra, igual que las ministras Lenia Batres Guadarrama, Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa.

Sin embargo, con la controversia presentada por la síndica suman tres recursos de este tipo contra la enmienda que todavía tiene pendientes de resolver el máximo tribunal, ya que de las otras dos, una fue interpuesta por el Poder Judicial de Guanajuato y la otra por el ex gobernador de esa entidad Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Todos están en manos del ministro González Alcántara.

También hay otros recursos de impugnación a trámite contra la misma enmienda constitucional que fueron promovidos por jueces y magistrados. Al momento, la Corte no ha anunciado qué cauce llevarán.

Para el profesor y jurista de la UNAM Jaime Cárdenas Gracia, dichos recursos legales deberían declararse improcedentes o tener el mismo destino que el proyecto de González Alcántara.

Pienso que ya no tienen futuro en la Corte, por la razón numérica de que no cuentan con los ocho votos para que la reforma judicial sea declarada inconstitucional, dijo a La Jornada.