egún la Comisión Organizadora del proceso interno para la elección del titular del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN), el diputado con licencia Jorge Romero Herrera obtuvo 80 por ciento de los votos para ocupar ese cargo. Su única contrincante, la ex diputada Adriana Dávila Fernández, reiteró las denuncias que se han repetido desde el inicio de la contienda: no se tuvo certeza, se violó la legalidad y fue una elección inequitativa; así, de esa manera, hoy ganaron. Asimismo, llamó a la nueva dirigencia a reconocer que el modelo de partido construido desde hace una década no funciona, y se preguntó si habrá la voluntad para hacer del PAN una institución que merezca ser heredera del legado demócrata y liberal de Manuel Gómez Morín.

Más allá de los vicios que hayan podido enturbiar el proceso, el hecho es que el blanquiazul tendrá de dirigente nacional a un político salpicado de escándalos e investigado por las autoridades debido a los sólidos indicios de que creó y se benefició del esquema corrupto conocido como cártel inmobiliario: la explotación del ininterrumpido control panista sobre la alcaldía Benito Juárez, de la que fue jefe delegacional entre 2012 y 2015, para apoderarse de cientos de inmuebles a cambio de otorgar permisos de construcción ilegales.

A Romero Herrera se le considera el jefe del grupo político que controla la vida interna del blanquiazul en toda la Ciudad de México. La naturaleza mafiosa de su poder, que comenzó a construir desde 2007 gracias a su cercanía con la familia del ex presidente Felipe Calderón, ha sido denunciada a lo largo de los años por sus propios correligionarios. Tras abandonar el PAN, Calderón y su esposa, la actual diputada federal Margarita Zavala, señalaron varias veces su cacicazgo: en 2018, el michoacano lo acusó de manipular el padrón interno del PAN capitalino y de encabezar la corrupción en la Benito Juárez; en 2020, publicó un libro donde afirma que Romero es famoso por extorsionar a empresas y que asociaciones de ambulantes y otros le representaban a su grupo ganancias de 7 millones de pesos al mes.

Por añadidura, como legislador local Romero Herrera integró con los perredistas Mauricio Toledo (prófugo) y Leonel Luna (fallecido) la Comisión para la Reconstrucción tras el devastador sismo del 19 de septiembre de 2017, encargo en el que manejaron 8 mil millones de pesos de los cuales no rindieron cuentas.

Está claro que los militantes de Acción Nacional pueden elegir a quien prefieran para conducir su partido, incluso si ello redunda en acelerar la descomposición, el desprestigio y la pérdida de votos de su organización partidista. Sin embargo, esta decisión no afecta sólo a los 300 mil afiliados que le quedan al organismo político más emblemático de la derecha mexicana, sino también al conjunto del régimen de partidos y al mismo país. Dado que los institutos partidistas forman parte del Estado, mantener al frente de ellos a quienes practican el uso de los cargos públicos para el enriquecimiento personal degrada la vida institucional e introduce un elemento de desconfianza en la democracia.

También es lamentable que la principal formación opositora se coloque en una posición de extrema debilidad al ser dirigida por un individuo desacreditado por su historial de corruptelas, ya que una democracia funcional requiere de instituciones competentes para representar el sentir de los ciudadanos que no comulgan con los grupos gobernantes. Con la elección de Romero Herrera, el PAN se excluye a sí mismo de esa función.