En América Latina y el Caribe el empleo de motocicletas como principal medio de transporte se ha convertido en un gran problema, pues la tasa de siniestros y lesiones ocasionadas por el uso de estos vehículos no deja de crecer en la región, alertaron expertos en seguridad vial.

En el segundo día de trabajos de la primera reunión regional para América Latina de la Global Alliance of NGOs for Road Safety y la Fundación Aleatica, señalaron que 30 por ciento de los decesos por accidentes viales en el mundo corresponden a motociclistas, incluidos vehículos de tres ruedas, como los mototaxis.

Ignacio Ibarra, asesor regional de Derecho Sanitario de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), recordó que de acuerdo con datos del informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2023, se estima que al menos 20 por ciento de los motociclistas no portan casco.

Agregó que la utilización de motocicleta en el trabajo, sobre todo en entrega de productos, sigue en aumento y en condiciones de vulnerabilidad para los conductores, quienes muchas veces ni siquiera son empleados de la empresa responsable de los envíos, por lo que no les dan un equipamiento adecuado.

En los tres lustros pasados, mencionó, se ha identificado una reducción en el empleo de vehículos automotores de cuatro ruedas en la región y un incremento constante en el manejo de vehículos de dos ruedas.

Reiteró que en el caso de México y Centroamérica, el uso de este tipo de vehículos se triplicó de 2009 a 2023, de 6 a 18 por ciento como opción de movilidad, aunque con un crecimiento exponencial en el Caribe latino, al pasar de 12 a 64 por ciento, y en los países de Sudamérica de 14 a 36 por ciento, por lo que a nivel regional prácticamente se duplicó el empleo de motocicletas, pues aumentó de 12 a 27 por ciento.

De acuerdo con datos de la OPS, en México 76 por ciento de los conductores de motocicleta portan casco, pero sólo 46 por ciento de los pasajeros llevan protección, y se estima que al menos 47 por ciento conducen con exceso de velocidad.

Sonia Aguilar, directora de Global Alliance of NGOs for Road Safety para América Latina, destacó en entrevista con La Jornada: no basta con tener un marco jurídico que garantice calles seguras para la movilidad, es necesario que tanto los gobiernos a nivel federal como local, se comprometan a fondo en garantizar a todo ciudadano ejercer su derecho a una calle digna y segura.

Subrayó que el derecho a una movilidad segura, de calidad y en condiciones de equidad impacta todos los aspectos de la vida cotidiana, que incluyen asistir a la escuela, al trabajo o transitar libremente en la localidad de residencia.

En la Ciudad de México, indicó que prácticamente 80 por ciento de los traslados de sus habitantes no se llevan a cabo en vehículos particulares, sino en el transporte público, por lo que es necesaria su mejora.