Gobernadores en funciones y electos de Morena expresaron ayer su respaldo al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con que se definió como legal la reforma judicial, al desestimar las impugnaciones de partidos de oposición.

Los mandatarios morenistas se solidarizaron con los ministros Alberto Pérez Dayán, Lenia Batres Guadarrama, Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa, quienes defendieron el orden constitucional, al tiempo que ofrecieron su apoyo sin reservas a la presidenta Claudia Sheinbaum, en su esfuerzo por responder a la voluntad del pueblo de México para contar con una renovada administración de justicia a la altura de su mandato democrático y soberano expresado el pasado 2 de junio.

La voluntad popular no se negocia, se cumple. Triunfó la razón constitucional y la República se fortalece. ¡La reforma judicial va!, destacaron en un comunicado conjunto.

Apuntaron que con el fallo se impide la aprobación del proyecto propuesto por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en el que, asumiendo atribuciones que no corresponden a la SCJN, pretendía echar abajo la reforma constitucional aprobada por el Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas locales, en lo relativo a la elección de ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación, con lo cual la enmienda se mantiene intacta.

En el documento firmado por 25 mandatarios en funciones y dos electos, exponen que prevalecieron las correctas razones legales para impedir la intromisión en las atribuciones de los poderes Legislativo y Ejecutivo; no tuvo eco la errónea interpretación del ministro que colocaba a Corte por encima del Constituyente Permanente que, en pleno uso de sus facultades, tuvo la acertada visión de cambiar la parte orgánica de nuestra norma suprema en favor de la justicia para todos y el combate a la corrupción y el nepotismo en el Poder Judicial.

Señalan que, contrario a los detractores de la Cuarta Transformación, la reforma representa un paso firme hacia la renovación ordenada y democrática del Poder Judicial, y genera confiabilidad en inversionistas y en la comunidad internacional, al garantizar un PJF técnico, más ético y transparente.