La seguridad vial aún es una emergencia de salud pública en el mundo. Al menos 1.3 millones de personas pierden la vida cada año en accidentes viales, es decir, una muerte cada 25 segundos, alertaron especialistas en la primera reunión regional para América Latina de la Alianza Global de ONG para la Seguridad Vial y la Fundación Aleática para la Seguridad Vial.

En el caso de México, explicaron, implica perder 43 vidas al día, es decir, una muerte cada 30 minutos, mientras en la región de América Latina y el Caribe la tasa de muertes por siniestros viales es de 15 por cada 100 mil habitantes, es decir, tres veces más que la registrada en la Unión Europea, y cuatro veces más a la reportada por Japón, informó David Díaz, director general de Aleática.

En el encuentro, convocado en un céntrico hotel de la Ciudad de México, que reunió a representantes de más de 60 organizaciones de la sociedad civil de 20 países, Ignacio Ibarra, asesor regional de Derecho Sanitario de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), destacó que al menos 145 mil 90 personas fallecieron en accidentes de tránsito en el mundo, lo que representa 12 por ciento de todos los decesos por esta causa.

Enfatizó que pese a los esfuerzos que han permitido en 5 por ciento la mortalidad, aún no es suficiente, pues 53 por ciento de las víctimas mortales son usuarios vulnerables de la vía pública como peatones, ciclistas y motoclistas.

Al respecto, indicó que el manejo de motocicletas como medio de transporte se ha incrementado de forma sustancial en la pasada década. De acuerdo con datos recabados por la OPS, su empleo en la región se disparó de 12 a 27 por ciento.

Tan sólo en la región mesoamericana, que incluye a México, pasó de 6 por ciento de uso en 2009 a 18 por ciento para 2023, mientras la cifra de peatones se ha reducido, pues en ese mismo lapso pasó de 32 a 20 por ciento.

Ante los desafíos que aún enfrenta América Latina para garantizar una seguridad vial, Sonia Aguilar, directora de Alianza Global para América Latina, hizo público un llamado a los gobiernos de la región a fin de que se garanticen el derecho a la movilidad segura impulsando los cambios en el marco regulatorio y que éstos cuenten con una efectiva fiscalización para su cumplimiento.

Agregó que también se deben promover formas de movilidad sostenible y sustentable, que incluyan la protección de la salud y que sea en condiciones de equidad.