Por la vía de la controversia constitucional, un grupo de seis consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) pretende echar abajo las atribuciones que el Legislativo dio a la presidencia del órgano para designar directivos.

Igualmente buscan revocar las nuevas facultades de la Junta General Ejecutiva relacionadas con tomar acuerdos sin someterlos a ratificación del Consejo General, incluido lo relacionado con la elección de juzgadores.

El argumento central de los inconformes es que la reforma viola la autonomía y colegialidad del INE y, por tanto, pone en riesgo su funcionamiento y la calidad de la organización de las elecciones.

El documento de solicitud para que la Secretaría Ejecutiva del INE interponga la controversia constitucional en la Corte a más tardar el 19 de noviembre está firmada por los consejeros Arturo Castillo, Carla Humphrey, Dania Ravel, Claudia Zavala, Martín Faz y Jaime Rivera.

Los seis tendrían mayoría frente a sus cinco colegas: Guadalupe Taddei, presidenta; Norma de la Cruz, Jorge Montaño, Rita Bell López y Uuc-kib Espadas.

El asunto no tiene precedente y por lo pronto está agendado como el último punto de la sesión de este miércoles, además de que es un elemento más que aleja a los bloques de consejeros en momentos en que deben diseñar la elección de juzgadores.

Igualmente, en la sesión de hoy se dejó fuera el tema del presupuesto del INE para el año entrante; en el presupuesto específico para lo relacionado con la reforma judicial no pueden participar los partidos, de ahí que por primera vez habrá dos sesiones para ese punto, primero el presupuesto general del órgano (unos 27 mil millones de pesos, incluidas aquí las prerrogativas o financiamiento público para partidos políticos nacionales) y luego el dinero para la elección de juzgadores, cuya perspectiva es un gasto de 13 mil 200 millones de pesos.

En cuanto al primer tema, según funcionarios consultados, los únicos antecedentes de que el INE acuda a la Suprema Corte para revertir un tema electoral se relacionan con un tema de presupuesto y recientemente contra la reforma electoral, pero no a partir de una resolución del consejo, sino por determinación de su presidencia.

Ahora seis consejeros ordenarían a la Secretaría Ejecutiva tramitar la controversia para anular así la reforma a los artículos 45 y 48 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), aprobada por el Legislativo, precisamente como parte de la reforma judicial.

Los firmantes señalan que la reforma a la Legipe significa un retroceso en el diseño institucional del INE en detrimento de la colegialidad, la pluralidad y la calidad del funcionamiento de la autoridad electoral.