Cuernavaca, Mor., El Congreso estatal solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Uriel Carmona Gándara, un informe sobre los 16 suicidios registrados de 2021 a la fecha en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil (Cefereso) número 16, de Michapa, ubicado en el municipio de Coa­tlán del Río, y comunique si se han cumplido o no las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En sesión ordinaria de la 56 legislatura, la tarde del lunes, el diputado de Morena Alfonso Sotelo Martínez presentó un punto de acuerdo con la finalidad de enviar un exhorto a la FGE para que explique los casos de las 16 muertes de internas; tres de ellas suscitadas este año.

Sotelo Martínez consideró urgente que el fiscal Uriel Carmona informe al Legislativo sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CNDH, específicamente la 276/2023.

Las recomendaciones abordan, especificó, las violaciones a los derechos humanos, a la protección de la salud mental y al acceso a la salud física, a la seguridad jurídica y legalidad; a la integridad personal y al derecho a la igualdad y a la no discriminación, temas relacionados con los presuntos suicidios en el Cefereso 16.

En el punto de acuerdo también demandaron a la Fiscalía General solicitar que la salud mental de las mujeres recluidas en el penal federal sea atendida de manera integral y expedita.

El legislador recalcó que dicha recomendación se emitió desde el 15 de diciembre de 2023; sin embargo, el 18 de agosto pasado ocurrió otro suicidio, con lo que suman 16 casos de 2021 a la fecha.

En la exposición de motivos, Sotelo recordó que “las mujeres privadas de la libertad no pierden sus derechos humanos al trato digno, a la salud, a la integridad, pero sobre todo a que tengan acceso a la justicia.

Es por ello que se genera este exhorto, con la finalidad de atender de manera inmediata la situación que acontece y llevar a cabo una estrategia que permita evitar que continúe sucediendo.

Mencionó que, según datos oficiales, en el país 5.7 por ciento de la población encarcelada son mujeres. Aunque el porcentaje ha ido creciendo con los años, ahora hay 13 mil 300 personas del sexo femenino privadas de la libertad en todo el país frente a 219 mil 500 hombres.