En el país han sido asesinadas al menos 74 personas indígenas defensoras de derechos de sus comunidades, entre 2019 y 2024, según un recuento de organizaciones civiles y reportes periodísticos. El caso más reciente es el del sacerdote tsotsil Marcelo Pérez Pérez, cometido el pasado 20 de octubre en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Las víctimas, en su mayoría, se dedicaban a la defensa del territorio, ya sea contra grupos del crimen organizado y proyectos extractivistas, así como contra la tala ilegal. También defendían el medio ambiente, los derechos de las comunidades indígenas y garantías fundamentales en general.

El 32.85 por ciento de ellas pertenecían a comunidades originarias eran nahuas y triquis; 11.42 por ciento zapotecas; 10 por ciento, chinantecas; y 7.14 por ciento, jñatjos. En menor medida también formaban parte de los pueblos mixteco, kumiai, tsotsil, zoque, rarámuri, mè'phàà, wixárika, nahua-otomí, purépecha, tacuate, mixe, chatino y yaqui.

De acuerdo con el documento titulado No debieron morir, con información de organizaciones como Sipaz, Serapaz, el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción e Indigenous Peoples Rights International en México, entre 2019 y 2023 sumaron 70 asesinatos de defensores indígenas.

Los niveles de violencia se mantienen a la alza como ha ocurrido desde hace varios años en los estados de Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Sonora, advirtieron.

Particularmente, manifestaron, preocupan los homicidios de personas indígenas por su trabajo de defensa de los derechos humanos colectivos de sus comunidades, como el derecho al territorio.

Según el reporte, en ese periodo, los estados con más casos son Oaxaca, con 35 asesinatos, y Michoacán, con 13. Le siguen Chiapas, Chihuahua y Guerrero, con cuatro cada uno; Baja California, estado de México, Jalisco y Sonora, con dos, respectivamente; y Colima y Morelos, con uno cada entidad.

Las víctimas eran en su mayoría hombres, 94.28 por ciento, y 5.71 por ciento mujeres. El análisis de los datos muestra que más de la mitad de los asesinatos se cometieron en 2021. En 2019, 16. En tanto, en 2020 se registraron 14; en 2022, nueve; y en 2023, ocho. Cabe precisar que en 2005 y 2018 las organizaciones documentaron un caso en cada año.

A las cifras se debe agregar la desaparición de Antonio Díaz Valencia, líder comunitario en el municipio nahua de Aquila, Michoacán, el 15 de enero de 2023; y de la ambientalista Irma Galindo Barrios, el 27 de octubre de 2021 en Mier y Terán, San Esteban Atatlahuca, Oaxaca.

En cuanto a los casos registrados en 2024, de acuerdo con una revisión de reportes periodísticos, se han documentado al menos cuatro asesinatos de defensores indígenas: el del padre tsotsil Marcelo Pérez Pérez, quien acompañó movimientos sociales y alzó la voz para defender a los más desprotegidos; Antonio Regis Nicolás, de la comunidad nahua de Ostula, Michoacán, ultimado en marzo pasado. Lorenzo Santos Torres, originario de Santiago Amoltepec, Oaxaca, asesinado en julio pasado, y Carmen López Lugo, integrante del Congreso Nacional Indígena, en enero en Tila, Chiapas.