A la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le heredaron el mayor déficit fiscal en más de tres décadas, con requerimientos financieros del sector público (RFSP) que cerrarán 2024 en 5.9 por ciento del producto interno bruto (PIB).

La mandataria se ha comprometido a reducir este déficit a 3 por ciento del PIB para el 2025, lo cual es viable si se exploran recortes en el gasto operativo y en capital, así como en los ingresos relacionados con el petróleo, señaló UBS.

En el estudio México: ¿podrá Sheinbaum lograr un ajuste fiscal considerable en el 2025 y más allá?, Rafael de la Fuente, economista en jefe de UBS para América Latina, consideró que en caso de que el gobierno tenga dificultades para alcanzar sus metas fiscales hay rutas de financiamiento como una reforma fiscal, emisión de deuda adicional o incluso una restructuración de los pasivos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El nuevo gobierno revelará todos sus planes fiscales cuando presente su iniciativa de presupuesto para 2025, a más tardar el 15 de noviembre. El especialista comentó que aunque este ajuste del déficit podría contribuir en gran medida a calmar al mercado y a las agencias de calificación respecto a la postura fiscal de México, a más largo plazo muchos de los supuestos son muy provisionales.

De la Fuente explicó que los gobiernos mexicanos tienden a aumentar su gasto de capital después de su primer año. Más allá de sus compromisos con los ferrocarriles y la vivienda, es posible que Sheinbaum tenga que aumentar la inversión en energía, agua, puertos y carreteras para aprovechar la relocalización y cumplir con los objetivos de transición energética que ha establecido (45 por ciento de la energía generada en México debe ser renovable para 2030).

El gasto en pensiones aumentará inexorablemente a medida que la población envejezca y podría elevarse aún más si el Congreso aprueba la reforma constitucional que plantea que los trabajadores del sector formal reciban su salario completo al jubilarse si ganan menos que el sueldo promedio registrado en la seguridad social.

Los precios más altos del petróleo sólo ayudan al presupuesto si el gobierno no intenta amortiguar totalmente el impacto sobre los consumidores mediante un subsidio a la gasolina, pero el gobierno incurriría en subsidiar los precios de la gasolina para evitar que suban por encima de la inflación.

Por último, las amortizaciones de Pemex repuntarán en 2026 (hasta 11 mil 400 millones de dólares). Además, Sheinbaum y la nueva dirección de Pemex no han presentado una nueva visión estratégica para esa empresa. En igualdad de condiciones, es probable que Pemex necesite ayuda continua del gobierno.

Si la nueva administración no logra un ajuste fiscal amplio y sostenible con las mayorías de las que goza en el Congreso, éste parecería ser el momento perfecto para aprobar una profunda reforma fiscal. En un nivel de apenas 14 por ciento del PIB, los ingresos fiscales no petroleros son los más bajos entre los países que forman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y se encuentran entre los más bajos de la región.

Dicha reforma debería reducir o eliminar las exenciones del impuesto al valor agregado, llevar las rentas más altas a un escalafón tributario más elevados con umbrales más bajos e implementar un impuesto a la propiedad.