Que nos quiten el cargo, que nos destituyan, así desafió el vocero de los diputados locales de Morena, Paulo García, al Poder Judicial Federal, que ordenó al Congreso capitalino cambiar el uso de suelo en un predio del Bosque de Chapultepec.

Ayer, legisladores de Morena, de los partido del Trabajo y Verde Ecologista y asociaciones parlamentarias se congregaron en una brigada y acudieron a Chapultepec para entregar volantes a los visitantes del bosque para informarles sobre dicha resolución. En la hoja que entregaron se destaca que el PAN y el Poder Judicial quieren entregar el Bosque de Chapultepec a las inmobiliarias.

El grupo se situó cerca de una librería dentro del bosque, donde con un megáfono aseguraron que lo defenderán de cualquier interés inmobiliario.

Que nos quiten el cargo, sería inédito en la historia de México; tantas injusticias que hay en el país y el Poder Judicial quiere meter a 66 diputados a la cárcel por oponerse a entregar el Bosque de Chapultepec. Si caen en ese extremo, nosotros estamos dispuestos, dijo García.

Por otra parte, el también diputado de Morena Víctor Hugo Romo adelantó que este lunes se formará un frente en defensa del predio de Montes Apalaches 525, donde la inmobiliaria Trepi busca construir una torre de departamentos.

En entrevistas por separado, asistentes al Bosque de Chapultepec estuvieron en contra de la resolución del tribunal.

Sería una injusticia porque para muchas personas de escasos recursos a lo mejor es una forma de distracción para sus hijos, y para mí sería una injusticia que lo privaticen. Es uno de los pocos pulmones de la ciudad y fuente de trabajo para muchas personas, comentó Arizbeth Mazano, de 27 años.

Rodrigo López, quien estaba formado para ingresar al Museo Nacional de Antropología e Historia con su familia, opinó que de por sí la ciudad ya se está quedando sin parques; deberían ver otras zonas en las que se pueda hacer vivienda.

En tanto, Julia Rosas refirió que el bosque es uno de los pocos espacios verdes que quedan, por lo que la construcción de una megatorre afectaría a la ciudadanía y su derecho de acceso a espacios públicos y al esparcimiento.