A comienzos de 2019, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) recibió una denuncia sobre posibles actos de manipulación en los precios de las gasolinas, por lo que echó a andar sus protocolos de revisión, mismos que tras varias visitas sorpresa de verificación arrojaron un dato curioso: los expendios de una misma organización registraban sus precios ante la autoridad casi al mismo instante y con una diferencia máxima de tres centavos.

En entrevista, Andrea Marván Saltiel, presidenta de la comisión, dijo que esta anomalía llevó a la autoridad investigadora del órgano antimonopolios, liderada entonces por Sergio López Rodríguez, a abrir una investigación en junio de ese año, la cual se extendió hasta agosto de 2022, tiempo en el que, con base en una serie de herramientas, testimonios y datos comparativos, determinaron que por al menos siete años gran número de empresas gasolineras se habían coludido para acordar precios al consumidor.

El martes pasado, el organismo antimonopolios informó que impuso multas por 437.9 millones de pesos a 52 gasolineras y 18 directivos por coludirse para acordar los precios del combustible regular y premium entre 2014 y 2021 en varias entidades. Destaca el caso de un foro nacional de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), donde supuestamente acordaron no bajar precios.

El monto de perjuicios es incalculable

Los daños económicos a millones de familias, indicó Marván, son por ahora incalculables, dado que a diferencia de otras investigaciones donde se revela de cuánto ha sido el perjuicio al consumidor, en esta ocasión es imposible realizarlo, dado que fueron millones de operaciones en varios estados del país de forma constante a lo largo de siete años.

Fueron muchos acuerdos regionales, además de uno muy grande en un foro nacional, con cientos de gasolineros, por eso no tenemos el dato del daño cuantificado como se tiene en otras investigaciones, es muy difícil, señaló la presidenta de la Cofece.

Si bien la suma total no es calculable, hay datos que revelan lo profunda que fue la afectación, por ejemplo, en el caso de Mérida, una de cada cinco gasolineras en el municipio participaban en esta coordinación de precios, mientras en el caso de Irapuato una de cada cuatro, es decir, en el primer caso 20 por ciento y en el segundo 25, donde las gasolineras se coordinaban en cuanto a precios.

Esto es bastante grave. De acuerdo con datos de Inegi, en 2022 las familias mexicanas gastaron más o menos mil 687 pesos al mes en combustible. Y si vemos los sectores de la población con menores ingresos, esto representa un gasto muy grande frente a su bolsillo porque esto, por ejemplo, puede llegar a ser hasta el 10 por ciento de los ingresos de las familias mexicanas de menores ingresos.

El registro de precios se hacía casi al mismo tiempo

La comisionada reveló que el primer acuerdo se dio a escala nacional en 2014, durante un foro organizado por la Amegas, donde participaron alrededor de 500 grupos gasolineros, mientras los otros convenios fueron más a escala regional. Para que nos demos una idea de lo grande que fue, basta con ver nuestra multa a 52 gasolineras, 18 directivos y a la Amegas, en este último caso, por fungir como facilitadora, convocando al foro e impulsando para que de manera conjunta se diera una manipulación de precios, es decir, para no bajarlos y mantenerlos en lo máximo posible en perjuicio de la población.

Dijo que para llegar a esa conclusión, la Cofece analizó una gran cantidad de bases de datos para conocer cómo se comportaban a escala nacional las tarifas de las gasolineras, tanto por ciudades como por municipios.

Aquí entró un análisis muy complejo y robusto, pero encontramos gasolineras con tarifas que eran prácticamente iguales o hasta idénticas, con diferencia de tres centavos como máximo. Pero no sólo eso, sino que también cruzamos los tiempos de registro de las tarifas ante el regulador, dado que ellos (las gasolineras) tienen que registrar sus tarifas con las autoridades reguladoras, y ahí lo que encontramos fue que los tiempos de registro de las tarifas eran prácticamente iguales, casi una diferencia de minutos y segundos.

Explicó que ahora será el Poder Judicial el encargado de revisar las conclusiones de la Cofece, al tiempo que las empresas tienen derecho a impugnar; mientras tanto, el organismo continúa vigilando los precios y las actividades de las gasolineras para prevenir que no vuelvan a acordar costos, dado que es ilegal y perjudica a los consumidores.