A pesar del esfuerzo de los gobiernos federal y estatales por impulsar acciones coordinadas en materia de educación, salud y bienestar, desde su diseño se observa una baja integración intersectorial, advierte un estudio reciente de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).

La investigación analiza el avance y las perspectivas de la vinculación entre los sectores de educación, salud y bienestar a partir de la transversalidad, intersectorialidad e interseccionalidad, señala que regularmente una de las dependencias a menudo domina ciertas etapas del proceso, ya sea de su formulación o desarrollo, mientras el resto adopta un rol más pasivo.

Alerta que las diferencias en objetivos, presupuestos y estructuras complican la cooperación, pues cuentan con una historia y un desarrollo diferentes, que los ha llevado a distintas configuraciones institucionales.

El documento Transversalidad, interseccionalidad y coordinación intersectorial entre educación, salud y bienestar. Enfoques y experiencias gubernamentales en los ámbitos federal y estatal, publicado en días recientes, destaca que en el caso de educación, esto ha implicado una lucha constante entre la centralización y la descentralización, mientras en salud la fragmentación de servicios ha creado un sector muy diverso, descentralizado y atomizado.

En contraste, el sector de bienestar que es el de más reciente creación, ha experimentado cambios significativos en su definición y estructura, operando de manera más centralizada.

Dichas diferencias, reconoce el informe, imponen desafíos, pues incluso en los marcos normativos tanto educación y salud, tienen competencias y responsabilidades más claras y definidas, mientras en bienestar sólo cuenta con un manual organizacional y sigue la Ley General de Desarrollo Social, la cual reglamentó la operación de la entonces Secretaría de Desarrollo Social, lo que ha llevado a que sus objetivos y responsabilidades sean menos definidos.

Por ello, la Mejoredu propone diversas recomendaciones, entre ellas impulsar el trabajo entre las áreas mencionadas, desde los documentos rectores, es decir, desde las leyes reglamentarias, los planes de desarrollo, los programas sectoriales, a fin de armonizar y vincular las normas y los procesos.