El impacto de la reforma judicial ya se contempla en el proyecto de presupuesto de egresos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para 2025, en rubros como los sueldos de sus trabajadores, incluidos los ministros, que tendrán que ajustarse para no rebasar la remuneración del presidente de la República.

Sin embargo, la propuesta incluye incrementos reales de 8.2 por ciento en el gasto operativo y de 74.9 en el de proyectos.

De acuerdo con el borrador que la titular de la SCJN, Norma Piña Hernández, someterá hoy a consideración del pleno en sesión privada, del cual obtuvo copia La Jornada, la erogación total del máximo tribunal para el siguiente año se prevé de 5 mil 922.9 millones de pesos, lo que representa un aumento nominal de 2.3 por ciento respecto a 2024 (135.8 millones más), y una disminución en términos reales de 1.4, tomando en cuenta la inflación.

La mayoría del monto se va al apartado de servicios personales, que asciende a 4 mil 813.2 millones de pesos, con una plantilla de 3 mil 805 plazas vigentes autorizadas a septiembre del presente año. Dicha cifra es apenas 0.4 por ciento inferior a lo aprobado para 2024

En ese rubro se considera que producto del posible ajuste a las remuneraciones por la reforma judicial, será necesario contar con los recursos suficientes para la actualización de la totalidad del tabulador de sueldos de la SCJN.

Lo anterior es producto de las observaciones hechas por los ministros a Piña en su primera propuesta que les presentó el pasado lunes, la cual rechazaron porque omitía el efecto que generaría la enmienda al Poder Judicial de la Federación (PJF), vigente desde el 16 de septiembre.

El proyecto de presupuesto refleja el compromiso institucional para atender los posibles impactos de la reforma al PJF, manteniendo la capacidad operativa y de alcance a los justiciables de la SCJN a partir de su estructura organizativa actual, procurando no comprometer su gestión y alta responsabilidad constitucional y buscando garantizar que se disponga de los recursos humanos y materiales, así como la infraestructura física y tecnología informática necesarios para la atención y trámite de los asuntos que se reciben, con la finalidad de realizar todas las tareas inherentes a sus deberes institucionales, señala.

La discusión de este segundo proyecto de presupuesto empezó este martes, pero no logró votarse por inquietudes entre los ministros que pidieron detalles a Piña sobre el incremento en el apartado de proyectos, que tiene un aumento real de 74.9 por ciento, al pasar de 57.6 millones en 2024 a 104.6 millones en 2025. Fuentes del alto tribunal informaron que entre las críticas más fuertes, y que causan sospechas, es el aumento real de 8.2 por ciento en el presupuesto operativo, que pasa de 894.7 millones de pesos este año a mil 5.1 millones para el siguiente año fiscal.