La mesa directiva del Senado ha recibido la comunicación de alrededor de 30 juzgadores, quienes notificaron que no participarán en la elección de junio próximo, con lo que se amplía el número de plazas vacantes. A mediados de octubre había 139 espacios en el Poder Judicial sin titular.

Por su lado, el senador de Morena Antonino Morales señaló que es hora de que el Consejo de la Judicatura llame a cuentas a quienes participan en el paro judicial, pues han dejado al menos un millón de casos sin resolver.

Advirtió que los juzgadores que se oponen a la reforma judicial, encabezados por su líder, Patricia Aguayo, incurren en la probable comisión de delitos contra la administración de justicia, pero además su actuación se podría agravar porque han amagado con boicotear y frenar juicios de interés fundamental y prioritario del gobierno federal, incluso de orden económico.

Enfrentamos autocracia

Nos enfrentamos a una verdadera autocracia, señaló al recordar que el daño económico generado por el paro de labores iniciado el 16 de agosto, es de 12 mil 84 millones de pesos, según cálculos de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Lenia Batres.

No podemos permitir que siga esta afectación, no sólo económica, sino que vulnera derechos de las y los mexicanos a tener una justicia pronta y expedita. Es hora de que el Consejo de la de Judicatura los llame a cuentas, demandó el legislador.

Morales Toledo resaltó que la paralización de actividades en el Poder Judicial ha generado la suspensión de audiencias en juicios laborales, administrativos, penales y de amparo.

Además, ha dejado a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en la indefensión, a madres de familia sin el juicio de pensión para sus hijos, demandas de divorcio sin resolución, es decir, temas que directamente le pegan a una familia, pero otros muy delicados que tienen que ver con el cambio de medidas cautelares o de sentencia, subrayó.

Antonino Morales señaló que la jueza que ordenó retirar del Diario Oficial de la Federación el decreto de la reforma judicial no tiene facultades para ello, pero tampoco calidad moral porque ha quedado exhibido su negro historial con quejas de diversos tipos ante el Consejo de la Judicatura desde 2021.