n abierta violación constitucional y con una agresividad con tufo golpista, la cúpula del retorcido –en todos los sentidos– Poder Judicial anuncia y reparte amparos y suspensiones definitivas como si de dulces se tratara, pero de forma por demás perversa lo hace sólo a nivel mediático, es decir, no hay notificación oficial, legal, a los destinatarios. Aun así, tales decisiones abarrotan los medios de comunicación, que sin más los dan por buenos, como sicarios del abierto enfrentamiento de un poder del Estado contra otro.

En un proceso absolutamente legal, el Ejecutivo envió al Legislativo una iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial, la cual fue aprobada por mayoría calificada, promulgada y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), de tal suerte que los cambios ya forman parte de la Constitución, algo que jueces, magistrados y ministros están obligados a reconocer (el juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas de la Constitución, según obliga el artículo 61 de la Ley de Amparo), porque de lo contrario aceptarían que son ignorantes e indignos del puesto que ocupan. Aunque, claro está, también patean la ley por su abyecta intención de preservar privilegios y cuidar los intereses de su clientela de altos vuelos, la verdadera dueña del aparato que imparte justicia.

La presidenta Sheinbaum ha sido por demás clara: “Una jueza (Nancy Juárez) quiere que quitemos del Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional por un amparo; no la vamos a bajar, porque ella no está en su derecho”, y la remitió al citado artículo 61. Se está extralimitando; hay una serie de argumentos jurídicos por los cuales es totalmente improcedente lo que están ordenando. Por ejemplo, el Constituyente Permanente está exento de revisión judicial; el artículo 135 de la Constitución establece que ésta puede ser adicionada o reformada por el Congreso de la Unión por la aprobación de dos terceras partes de sus integrantes, así como por la mayoría de los congresos locales; esto es una facultad soberana y originaria conferida al Constituyente Permanente; no nos han notificado; es a través de los medios de comunicación. No tiene atribución, porque jurídicamente no tiene ningún sustento.

Por si fuera poco, la citada jueza amenaza con encarcelar a la titular del Ejecutivo en caso de no atender su orden, pero la Presidencia de la República va a denunciarla ante el Consejo de la Judicatura Federal, aunque ya sabemos que ese consejo no necesariamente está haciendo su trabajo. De cualquier suerte, no queremos que quede en la impunidad, pero sí el antecedente de que hay una jueza que, por encima de su función, pide que se baje una publicación, que se hizo a partir de un proceso legislativo, de cambio constitucional que está establecido en la propia Constitución.

Bien lo explica el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo Zaldívar: “Todas las suspensiones que se han venido otorgando son abiertamente contrarias a derecho, porque hay una disposición en la Ley de Amparo que con claridad establece que el amparo no procede en contra de reformas constitucionales, y las y los jueces la han inaplicado de manera automática; tampoco procede la suspensión en contra de un proceso legislativo, mucho menos de un proceso de reforma constitucional, como pretendieron; una suspensión no puede tener, en casos como este, un efecto restitutivo, que es invalidar o quitar una publicación en el DOF; se está exigiendo a la presidenta algo que jurídicamente es imposible, porque el acto ya está consumado; se pretende dar la suspensión a efectos generales, lo que también está prohibido, y que tengan efectos en procesos y procedimientos electorales, lo que también está prohibido. Es decir, están actuando claramente al margen de sus atribuciones, con un interés personal y directo en contra de la reforma, estando impedidos para resolver, y están trastocando y desafiando el orden constitucional”.

Pero la embestida incluye al INE: Cascada de recursos busca frenar la reforma judicial (algo así como 275 y contando; La Jornada, Fabiola Martínez).

Las rebanadas del pastel

Suena a metálico, y muy fuerte: los supuestos líderes sindicales con representación en el Infonavit (de la mano de la patronal Coparmex) rechazan la propuesta institucional, presentada por Octavio Romero, de construir vivienda social, digna, asequible y de calidad para los trabajadores, por ser regresiva, según dicen. Entonces, ¿de qué tamaño son los moches que se embolsan con contratos asignados a constructoras privadas?

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