Washington y Nueva York., Las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacionales (FMI) y el Banco Mundial (BM) se inician este lunes en Washington entre una creciente ira por su fracaso al enfrentar de manera eficaz la pobreza, la desigualdad y los peligros evidentes del cambio climático, a lo que se suman los cuestionamientos sobre su liderazgo y poder.

Se prevé que el crecimiento medio a nivel mundial sea deslucido, reconoció la semana pasada la directora administrativa del FMI, Kristalina Georgieva, en un resumen de lo que se puede esperar en la reunión de este año. El crecimiento está lejos de ser suficientemente bueno. No alcanza para erradicar la pobreza mundial.

El BM, cuya meta central es erradicar la pobreza e impulsar el desarrollo inclusivo, reconoció la semana pasada que se necesitará más de un siglo para llevar a toda la población mundial por arriba de la línea de pobreza, que actualmente se calcula en un ingreso de 6.85 dólares diarios.

Ambos líderes de estas instituciones, Georgieva y su contraparte en el BM, Ajay Banga, insistieron en que si los países decidieran trabajar de forma conjunta podrían cambiar esta realidad.

En términos de apoyo para el mundo en desarrollo, 2023 fue un desastre, escribieron recientemente Lawrence Summers, ex secretario del Tesoro de Estados Unidos, y el economista y político de India N. K. Singh.

El sistema financiero internacional, declaró el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en septiembre, es un Plan Marshall al revés, uno en donde los países pobres financian a los ricos. Esta crítica fue compartida por otros mandatarios.

En años recientes, Lula y otros líderes mundiales han ido más allá de la crítica para desarrollar propuestas concretas a través del Grupo de los 20 a fin de aplicar un impuesto universal a los más ricos y crear un banco internacional alternativo establecido por los países del BRICS+ (el cual se reúne esta semana en Rusia, al mismo tiempo en que se llevarán a cabo las reuniones en Washington), entre otras medidas.

El FMI y el BM siguen siendo los guardianes del sistema financiero actual, que incluye no sólo los fondos que aportan los países miembros, sino también las normas sobre los flujos de capital privado y el comercio y la inversión multinacional.

Georgieva no está modificando este papel. La semana pasada insistió en que el crecimiento económico sigue siendo la clave y detalló una agenda que incluye movilizar capital, incrementar productividad y reformar mercados laborales. También reconoció que las reformas y medidas que su institución recomienda nunca son populares.

Políticas antidesarrollo

Una investigación de Oxfam Internacional concluye que 94 por ciento de los países con préstamos actuales del BM y del FMI han cortado inversiones vitales en educación pública, programas de salud y protección social a lo largo de los últimos dos años. Para Kate Donald, jefa de la oficina de ese organismo en Washington, estos recortes no sólo son desalentadores; son peligrosos y fundamentalmente antidesarrollo.

Bajo presión del Grupo de los 77 y el Grupo de los 24, el FMI acordó reducir los recargos que incrementan los costos de los préstamos a los países en desarrollo. También habrá nuevos compromisos a fin de ampliar el financiamiento para abordar el cambio climático y más fondos para préstamos y subvenciones para los países más pobres, entre otras acciones. Pero como señalan especialistas: compromisos no son acciones.

Estas reuniones se realizan bajo la sombra de las elecciones en Estados Unidos y sus implicaciones potenciales para estas instituciones en el futuro inmediato. Washington es el accionista más grande del FMI, con 16.5 por ciento del total, lo que le permite frenar cambios mayores en esas instituciones, incluida su forma de gobierno.

Aun así, algunos promotores de cambio ven indicadores positivos. Alex Main, director de políticas del Centro para la Investigación Económica y sobre Políticas, destacó el esfuerzo para obligar al FMI a reducir sus recargos. En entrevista, se refirió a la llamada Iniciativa Bridgetown, impulsada por la presidenta de Barbados, Mia Motley, como otro esfuerzo para obligar a los acreedores a incorporar cláusulas de desastres naturales que permitan la suspensión del pago de préstamos.