Frente al cúmulo de juicios contra la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), los propios juzgadores son los principales quejosos, de ahí que actúan ilegalmente, con abuso, porque saben perfectamente que en materia comicial no proceden los amparos, advirtieron mandos del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Es evidente que los jueces tienen conflicto de intereses en la materia, porque están otorgando suspensiones claramente ilegales para evitar que los corran a ellos del trabajo. Es una situación en la que actúan como delincuentes; una verdadera colusión de funcionarios judiciales, dijo uno de los abogados consultados.

Con ese panorama, los especialistas de INE y TEPJF prevén que el caso terminará resolviéndose en la Corte, porque ante un desechamiento en la sala superior del TEPJF, la cual no tiene facultades para avalar o no suspensiones de amparo y, en consecuencia, se dé luz verde al INE para organizar la elección de juzgadores por voto popular, los mismos jueces alegarían, ante los magistrados y luego en el máximo tribunal, la existencia de un conflicto de órganos del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Por lo pronto, hasta el miércoles de esta semana iban más de 158 solicitudes de amparo notificadas al INE, de las cuales, 121 lograron suspensión avalada por los mismos jueces de distrito. A su vez, de quienes avanzaron en ese sentido, 79 son suspensiones provisionales y tres definitivas; si se cuenta por individuos, son 340 quejosos, entre estos, 160 magistrados y 98 jueces.

Un reporte de autoridades electorales muestra también que los 158 amparos, relacionados con el proceso comicial extraordinario en el que se eligirán diversos cargos del PJF (ministros, magistrados y jueces) han sido presentados, en conjunto, en 26 entidades federativas.

En general, hasta esta semana, tres tienen suspensión definitiva, asunto que deberá ponderar la sala superior del TEPJF al resolver todos los juicios electorales interpuestos contra la citada reforma y, en particular, el que metió el propio INE, como alternativa para que sea la autoridad superior comicial la que indique el camino a seguir.

Según la reforma y las modificaciones a las leyes secundarias, es el INE el encargado de organizar la elección de juzgadores, cuya primera etapa está prevista para junio de 2025, con la finalidad de determinar a los ocupantes de poco más de 800 puestos en todo el país.

Sin embargo, el jueves la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, señaló que el órgano está en pausa, específicamente en este asunto, por respeto a las decisiones de jueces, aunque se confirmó la parte de las repercusiones a un desacato judicial porque los consejeros tienen fuero, pero los demás funcionarios del INE, no.