ay varias preguntas que no resuelve la sentencia de 38 años de Genaro García Luna en Nueva York. La primera es para Vicente Fox, quien lo nombró director de la AFI, la supuesta FBI mexicana. La segunda es para Felipe Calderón, que lo designó desde la Secretaría de Seguridad, operador todopoderoso de su terrible guerra contra el narcotráfico, donde los miembros del cártel de Sinaloa hasta vestían uniformes de la AFI. La tercera es para las agencias de Estados Unidos, en especial a la DEA, en cuyas filas se entrenaron personjes como Iván Reyes Arzate cuyo jefe de operaciones, Anthony Plácido, se mostró en una entrevista preocupado por los nexos criminales de García Luna (febrero de 2009) y que, según el testimonio de El Grande, Sergio Villarreal, él mismo le había informado a la agencia estadunidense de la pertenencia de García Luna al cártel de Sinaloa (2010).

Según lo que ha dicho Roberta Jacobson, la ex embajadora en México, el Departamento de Estado sabía desde Vicente Fox pero teníamos que trabajar con él. Todo esto sin mencionar la bochornosa venta de armas estadunidenses a los criminales mexicanos legalizada por Calderón junto con George W. Bush y Barack Obama, donde los dos gobiernos se convirtieron en traficantes.

Una cuarta pregunta es sobre la relación entre el aumento descomunal de los secuestros en México durante la gestión de García Luna, 7 mil 317 casos (un aumento del 350 por ciento con respecto al sexenio de Fox), el montaje de Loret de Mola sobre Florence Cassez que llevó a una virtual ruptura de relaciones con Francia, y la presencia de supuestas víctimas como Isabel Miranda de Wallace en los equipos de interrogatorios de García Luna. Y, por supuesto, el papel de Eduardo Margolis Sobol, un ex agente del Mossad israelí, en la trama de la detención de Israel Vallarta. ¿Cómo se liga eso a las empresas que García Luna fundó con la familia de origen israelí, Maurico y Jonathan Weinberg en Miami, dedicadas a negociación de secuestros, análisis de personas, controles de confianza, y venta de equipos de escucha y rastreo? Los Weinberg fueron acusados de tener un centro de espionaje político pagado por el gobierno priísta de Campeche en 1998.

La sexta pregunta, casi de carácter histórico, es del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Se trata de la presencia de García Luna en 1994 para encubrir al segundo tirador en el crimen del candidato a la Presidencia de la República del PRI, Luis Donaldo Colosio. La explicación del régimen priísta fue que el candidato dio una vuelta de tal forma que recibió disparos en la sien derecha y en la parte izquierda del abdomen. Como subdirector operativo del Cisen, el hoy sentenciado habría volado a Tijuana para que no se apresara a Jorge Antonio Sánchez Ortega, que resultó lleno de sangre porque, según él, ayudó a cargar el cuerpo del candidato, pero no pudo explicar por qué dio positivo a la prueba de rodizonato, es decir, la de haber disparado un arma.

Ahora, la séptima pregunta es para la Suprema Corte de Justicia. En la cercanía de su presidenta, Norma Piña, están personajes como Ricardo Márquez Blas, ex colaborador de García Luna, encargado de Plataforma México, es decir, la base de datos de la incidencia criminal en el país de Peña Nieto. La Suprema Corte le creó una oficina especial de logística, enlace y seguridad, bajo las órdenes de Natalia Reyes Heroles como Secretaria General. En la Judicatura, también presidida por Norma Piña, está María Fernanda Casanueva de Diego como administradora ejecutiva. Economista del ITAM, Casanueva fue directora general del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la Secretaría de Gobernación, de 2009 a 2011. Además, el secretario de Estudio y Cuenta de Norma Piña es Abraham Pedraza, quien fue el que se presentó a denunciar el presunto secuestro del hijo de Isabel Miranda de Wallace. Todo esto desmerece frente a la resolución de un tribunal de circuito de descongelar las cuentas detenidas por Hacienda y la Fiscalía General a la esposa de García Luna, Cristina Pereyra, acusada del lavado de 600 millones de dólares en Miami. Esta decisión fue unánime y se dio el mismo día que a García Luna lo condenó un jurado en Nueva York.

La octava pregunta es sobre los socios de las empresas de García Luna, Glac, Nunvav, Gull, Delta Integrator y Brill. En ellas figura, por ejemplo, José Rodríguez Junior, el ex director de operaciones encubiertas de la CIA, protector de Manuel Antonio Noriega en Panamá, agregado clandestino en El Salvador para la contrainsurgencia, y uno de los que sabían cuál era la conexión entre Irán, los contras y Caro Quintero. Se hizo célebre cuando se supo que destruyó filmaciones de la tortura de Abu Zubaydah y Abd al-Rahim al-Nashiri, supuestos integrantes de Al Qaeda. Carlos Villar, otro de sus socios, es un ex soldado de Vietnam encargado de resolver crisis de rehenes en la FBI. Otro, Luis Montenegro Rinco, policía secreto contra Pablo Escobar y los Rodríguez Orejuela, ha dicho que todos los países que enfrentan al narcotráfico deben colombianizarse, así como Larry N. Holifield, ex director regional de la DEA para México y América Central y José Carreto Ortega, el de la AFI en Guerrero. Es claro que los negocios de lavado de dinero tenían el aval de toda una red de ex agentes secretos de Estados Unidos y de México.

La idea de que García Luna tenía dos caras y que engañó a todos, desde Fox, Calderón y Peña hasta a la CIA, al FBI, Bush, Obama y Hillary es una de las patrañas peor maquilladas de la historia inmediata de la guerra contra las drogas. Se dice para que se crea que la corrupción que genera el tráfico ilegal y los secuestros es culpa de unos cuantos malos y no un asunto que benefició políticamente a figuras fraudulentas como Calderón, permitió encubrir crímenes como el de Colosio y hasta dejar 600 millones de dólares anclados al mercado inmobiliario de Florida.

García Luna no es un impostor. Es el alfil del narco-Estado de Felipe Calderón en una guerra que no es que salió mal, sino que tenía como objetivo desactivar a los competidores de Sinaloa y de paso legitimar a un usurpador de la Presidencia. Un peón que le sirvió a la narco-Economía de los Estados Unidos, con el lavado de dinero, la venta de armas y los invisibles cárteles estadunidenses. Hasta que, un día, cayó de su gracia y se volvió sacrificable.