a desaparición de la activista ayuuk (mixe) Sandra Estefanía Domínguez el 4 de octubre es alarmante por muchísimas razones. Están, claro, las que llevan a denunciar la violencia sistemática y sistémica contra las mujeres, una de las peores enfermedades de la sociedad mexicana. Resulta especialmente grave, como en otros casos, que la persona desaparecida sea una defensora de los derechos humanos de las mujeres, su comunidad y su región en la serranía de Oaxaca. Recibió amenazas de muerte, las cuales fueron reportadas, y obtuvo laxas medidas cautelares que, como se ve, no alcanzaron para protegerla de sus captores. Pero lo peor es que sus denuncias eran por cosificación (léase pornografía) de las indígenas, y para colmo, en redes sociales atribuidas a funcionarios del actual gobierno estatal y federal, o sus familiares. El gobierno de Oaxaca ha sido presto para deslindar a sus funcionarios, no así para encontrar a la abogada Domínguez y a su esposo Alexander Hernández.

El día 8, mostrando un talante propio de los pactos de silencio patriarcales, la administración estatal morenista encabezada por Salomón Jara de inmediato filtró un video donde el desaparecido Alexander Hernández supuestamente agrede a dos mujeres, ello junto con la ficha de búsqueda. O sea, las autoridades esperaron para ponerse en movimiento, y lo hicieron criminalizando al compañero de Sandra Estefanía. La pura elegancia política pues. No faltaron malpensados que supusieron que la fiscalía oaxaqueña intentaba deliberadamente desviar la atención de lo primordial: la desaparición de Sandra y Alexander. ¿Cómo creen?

Yessica Sánchez, directora del colectivo Consorcio Oaxaca, al que pertenecía Sandra, transmitió a los medios la inconformidad de los familiares por el desempeño del secretario de Gobierno, Jesús Romero López, y del coordinador de delegados de Paz, Donato Vargas Jiménez, quienes reaccionaron con lentitud, sin respetar los protocolos para estos casos, donde la rapidez de la reacción es fundamental. Eso sí, Romero López no dudó en deslindar de las acusaciones al coordinador de Delegados de Paz. Vargas no está involucrado en su desaparición, sostuvo con aplomo y sin pruebas, no obstante que Sandra lo señaló como autor de las amenazas que venía recibiendo.

La abogada denunció dos chats privados (Sierra XXX y Mega Peda) donde un grupo de usuarios intercambiaba imágenes sexuales de mujeres mixes, algunas con miembros de los chats. En vez de atender las denuncias, que involucran a funcionarios actuales, el gobierno la protegió inadecuadamente, investigó poco y mal el asunto. La defensora ya había participado en la lucha comunitaria por justicia, tras el feminicidio de la joven Fanny López Nolasco en 2021. Tal violencia invisibilizada en Oaxaca ha llevado a la muerte a tres defensoras indígenas desde 2021.

El abogado mixe Joaquín Galván, colega de Sandra, dijo a este reportero que fue hasta el día 7 que la familia se alarmó cuando un primo de ella vio abandonada la camioneta en que viajaba la pareja desaparecida, en Playa Vicente, Veracruz, cerca de los límites con Oaxaca. Procedían de la comunidad María Lombardo, en el municipio de Cotzocón donde residen. Según el secretario de Gobierno, se investiga la participación del crimen organizado (cuándo no) que, según él, opera en una franja entre Playa Vicente y María Lombardo muy difusa; comúnmente en esa zona ingresan grupos de la delincuencia organizada de Veracruz.

Cabe recordar que en 2020 otro político implicado en la denuncia inicial contra los chats, Humberto Santos Ramírez, debió abandonar sus aspiraciones para competir como candidato de Morena por la diputación local del distrito 10, Mixe Choápam. Otro funcionario implicado, Rolando Vázquez Pérez, renunció a la jefatura del Departamento Normativo del Control de Plazas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) a causa de las denuncias.

El pasado día 16, una marcha pacífica de los familiares y amigos de la activista secuestrada llegó al palacio de gobierno. De inmediato las puertas fueron cerradas, aunque los personeros que asomaron prometían que el reclamo sería atendido. La imagen resultaba penosa, aunque no nueva. Hemos visto decenas de veces que esas puertas se cierran cuando los indígenas vienen a protestar o exigir respuestas.

Galván recordó que Sandra Estefanía, a sabiendas de que todos sus casos implican riesgos, lleva tiempo alzando la voz contra funcionarios que cosifican y humillan a las mujeres. Lo que se sabe bastaría para que las autoridades pusieran sus barbas a remojar, pero todo indica que intentarán capotear las acusaciones con pobres explicaciones. Las implicaciones son profundas, se antoja demasiado simplista y casual que siendo una figura tan amenazada e incómoda desaparezca en su propia región y el hecho no guarde relación con las actividades de la abogada secuestrada.