Mundo
Ver día anteriorSábado 19 de octubre de 2024Ediciones anteriores
Servicio Sindicado RSS
Dixio
Rechaza la justicia en Italia envío de migrantes a Albania

Contra la política de la premier Meloni, ordena regresar a 12 indocumentados

Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 19 de octubre de 2024, p. 20

Madrid. Un juzgado de la sección de inmigración del tribunal de primera instancia de Roma ordenó el traslado inmediato a Italia de los 16 migrantes procedentes de Bangladesh y Egipto que fueron interceptados en aguas internacionales del Mediterráneo y posteriormente enviados a dos centros de acogida de migrantes en Albania, en virtud de un acuerdo entre ambos países. El gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni instauró este método de trato al migrante con el que pretende agilizar su expulsión de suelo europeo y que también aspira a que se extienda en el resto de países de la Unión Europea (UE).

La sentencia es demoledora para la estrategia diseñada por Meloni, que ahora intenta copiar el resto de la UE, ya que se estableció que los 12 migrantes que siguen internados en Albania –cuatro ya fueron trasladados a Italia por ser menores de edad– no pueden permanecer ahí y tienen que ser llevados a suelo italiano. Además, advierte que los dos países de los que proceden los migrantes no son seguros y que, por tanto, prevalece la doctrina europea en la que se argumenta que el derecho comunitario prohíbe designar como seguro un tercer país si no se puede catalogar como tal en todo su territorio y para el conjunto de sus ciudadanos.

Esta sentencia cuestiona de raíz la estrategia de Meloni, que ganó adeptos en la última reunión en la que participaron mandatarios de todos los países de la UE el pasado jueves, en la que el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, enfatizó en un comunicado el objetivo de desarrollar una acción decidida para aumentar y acelerar los retornos desde la UE y presentar rápidamente una nueva propuesta legislativa sobre retornos de la llamada migración irregular.

Una postura a la que se oponen varios países, entre ellos España, cuyo presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, declaró que ese modelo no ataja los problemas y crea otros nuevos, además de insistir en el respeto a los derechos humanos y a la legalidad internacional.