Chihuahua, Chih., Veintiocho jueces y dos magistrados del Poder Judicial estatal obtuvieron suspensiones provisionales en contra de la reforma judicial, como resultado de un juicio de amparo indirecto tramitado por el abogado Maclovio Murillo Chávez, quien fue titular de la Consejería Jurídica del gobierno de Chihuahua entre 2016 y 2018, durante la administración estatal que encabezó el entonces panista Javier Corral Jurado, actual senador por Morena.

Un total de 88 juzgadores de Chihuahua solicitaron protección a través de juicios de amparo indirecto, de los cuales los 30 citados ya lograron la suspensión, informó Murillo Chávez.

Los jueces buscan protegerse de la armonización de la Constitución Política del Estado de Chihuahua respecto de la reforma judicial federal, y evitar el proceso de selección de juzgados a renovarse por tómbola y una eventual elección democrática, apelando al artículo ocho de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El amparo a favor de los 30 jueces fue concedido por la jueza séptima de distrito del Poder Judicial de la Federación (PJF), Claudia López López, con sede en Ciudad Juárez, y obliga a que el Congreso local no emita una convocatoria para renovar el Poder Judicial estatal.

La jueza Claudia López concedió la suspensión provisional ante la evidente transgresión hacia las cláusulas o principios esenciales de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las normas internacionales en materia de impartición de justicia (autonomía e independencia judicial), por parte de la iniciativa de ley reclamada.

Silvia Adriana Neri, secretaria de tribunal colegiado de circuito, dio a conocer que hasta 700 empleados del PJF en el estado de Chihuahua buscarán un amparo colectivo para evitar la disminución de sus sueldos, ya que la reforma judicial aprobada establece que los juzgadores ganarán 40 por ciento menos, lo cual implica que sus subordinados tendrán una disminución similar de salarios.

Abogados de Juárez presentaron denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para reclamar por el retraso en audiencias en el PJF, lo que ha generado que más de 9 mil citas no se lleven a cabo e implica una violación a la justicia y a las garantías básicas, dio a conocer el litigante Francisco Luis Porras a nombre de sus colegas.