n el tercero de los ocho mensajes que colocó en X luego de la sentencia a Genaro García Luna, Felipe Calderón estableció: La lucha por la seguridad de los mexicanos no era responsabilidad de una sola persona, sino de TODO UN EQUIPO DE GOBIERNO que combatió al crimen con toda la fuerza del Estado; por ello, el caso de su ex secretario de seguridad pública no demerita la lucha valiente que dieron miles de mujeres y hombres.

La repartición falsamente democrática de responsabilidades es una falacia más de quien de manera fraudulenta se hizo del Poder Ejecutivo federal, que deposita la facultad de nombrar y remover a miembros del gabinete en una sola persona, la cual de 2006 a 2012 fue el citado Calderón, quien mantuvo en la misma posición durante ese sexenio a García Luna, a quien diversas voces señalaron de manera pública e insistente como un criminal que usaba el cargo delegado para enriquecimiento, venganzas, simulaciones justicieras y servicios a cárteles.

Pero, más allá del intento de escabullir el bulto de la responsabilidad política e histórica relacionada con su amigo y cómplice, el mencionado Calderón acaba extendiendo el manto de oprobio a quienes le acompañaron en puestos relevantes y, en general, al panismo como partido y a la derecha como corriente social.

Son demasiados los factores de índole criminal que están sobre el escenario caliente de la continuidad gubernamental llamada 4T. No sólo el factor García Luna y el antes referido impacto a Felipe Calderón y la derecha mexicana en general; también hay movimientos que parecen extraños, o cuando menos sugerentes, en el ámbito de las cárceles de Estados Unidos, donde Ovidio Guzmán y su medio hermano Joaquín (hijos ambos de El Chapo), entran y salen de sus celdas entre versiones de arreglos con agencias gringas y con perspectivas declarativas que se agregan a lo que Ismael Zambada, El Mayo, llegue a decir hoy en Nueva York.

Violencia creciente también en México, estremecedora en casos que agravan el desasosiego social, dirigida específicamente a ámbitos políticos en varios casos, lo cual lleva a sectores opositores a la citada 4T a reforzar los señalamientos de narcogobiernos. Ayer mismo, en la capital del país, un ataque en pleno Centro Histórico contra una dirigente de comerciantes (asesinado, uno de sus acompañantes), en el contexto de pugnas oscuras, más la ejecución de una abogada penalista en una lateral del Viaducto.

Sinaloa sin visos de retorno cuando menos a la pax narca que llevaba largo tiempo; Guerrero en el desgobierno, con el grupo en el poder decidido a mantener pactos y prodigar verborrea; Chiapas, mal con el deplorable Rutilio Escandón y con perspectivas peores con el entrante Eduardo Ramírez (el Verde, El Güero Velasco); Guanajuato ni se diga, tan mal como siempre. Y así Michoacán, Baja California, Tamaulipas, Chihuahua y tantas entidades más.

Todos en el marco de incertidumbre derivado de las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos: ¿nos irá muy mal con una o aún peor con otro? Amagos arancelarios, exacerbación del ánimo antinmigrante, la frontera y su presunto cierre como recurso electoral, la economía, la paridad cambiaria, el tratado norteamericano de comercio.

Y sigue activo el tema de la reforma judicial, que es letra constitucional aprobada y promulgada, pero que aún está en litigio ante juzgados que ordenan suspender fases como la de la organización electoral, mediante suspensiones en definitiva como la dada a conocer ayer desde Coatzacoalcos, que ordena a la presidenta Sheinbaum y al director del Diario Oficial de la Federación desmontar la publicación del decreto emitido por el entonces presidente López Obrador, so pena de notificar a la Fiscalía General de la República para que actúe contra los dos servidores públicos mencionados si desacatan la instrucción judicial, aunque ésta puede ser recurrida en superior instancia y llevada a un juicio largo. Uf: ¡hasta el próximo lunes!

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