La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, turnó al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá la acción de inconstitucionalidad 165/2024 contra la reforma judicial que interpuso el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Con ello, ya son tres recursos (dos acciones de inconstitucionalidad y una controversia constitucional) que le son turnados al ministro Alcántara Carrancá porque impugnan el mismo decreto publicado el 15 de septiembre pasado.

En sus manos, tres solicitudes importantes

Las dos acciones de inconstitucionalidad –sobre las cuales el ministro no se ha pronunciado si las acepta o las desecha– son de partidos políticos. El pasado 9 de octubre recibió la acción 164/2024 de Acción Nacional (PAN).

Además, en el análisis de su ponencia tiene la controversia constitucional 286/2024 presentada por el gobierno de Guanajuato en contra de la misma enmienda.

“Túrnese este expediente al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para que instruya el procedimiento respectivo, al existir conexidad con la controversia constitucional 286/2024 y la acción de inconstitucionalidad 164/2024, toda vez que se impugna el mismo decreto legislativo.

A consecuencia de lo anterior, también se ordena la acumulación de este expediente con la acción de inconstitucionalidad 164/2024. Se habilitan los días y las horas que se requieran para llevar a cabo la notificación de este proveído, señala el acuerdo publicado hoy en listas electrónicas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El pasado 9 de octubre, el presidente nacional del Revolucionario Institucional y senadores de su partido presentaron la acción de inconstitucionalidad contra la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) con el argumento de que hubo vicios en el procedimiento legislativo para su aprobación.

En la Suprema Corte, el ministro Alberto Pérez Dayán también tiene la responsabilidad de elaborar otro proyecto que resuelva la solicitud de jueces y magistrados que pidieron al alto tribunal pronunciarse sobre la constitucionalidad de la reforma.