Entre 9 mil y 11 mil millones de pesos se necesitarán en 2025 para asegurar que las personas no paguen por atención y medicamentos en institutos nacionales de salud y hospitales federales de referencia, en los cuales, a partir de 2021 se instauró la gratuidad de los servicios. A ese monto se deben agregar los recursos económicos para pago de salarios, mantenimiento, alimentación de pacientes e insumos, indispensables para la operación de los nosocomios.

Esta es información oficial que recibió la nueva titular de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, Martha Zapata Tarrés, oncóloga pediatra, quien desde el 1º de octubre sustituyó a Gustavo Reyes Terán.

La red a su cargo está comprometida a recibir pacientes las 24 horas de los siete días de la semana. Con mil 47 plazas adicionales contratadas –de más de 8 mil que hacen falta– durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador aumentó la cantidad de cirugías y consultas de especialidad, señala un informe.

Se puso en marcha el Código Infarto, con una red en la que se cuenta con el Instituto Nacional de Cardiología y los hospitales General y Juárez de México como centros coordinadores de 15 nosocomios capitalinos. Mediante un protocolo único de atención se logró bajar 40 por ciento el tiempo entre la llegada del paciente a la unidad de primer contacto y su traslado a alguna de las sedes de especialidad. Así, la mortalidad disminuyó a 5.25 por ciento (el promedio nacional es de 28).

Los datos pueden mejorar si la población conoce la estrategia y la importancia de buscar atención médica, así como con una mayor integración de las unidades de primero y segundo niveles de atención.

El documento dice que subió 50 por ciento la oferta de servicios de diálisis y hemodiálisis para personas con enfermedad renal crónica, incluida por primera vez en la cobertura de servicios gratuitos. Para ello, la comisión citada coordinó la compra de 149 máquinas de hemodiálisis y 780 cicladores de diálisis peritoneal que se instalaron en 11 institutos y hospitales federales. Aquí, el principal desafío es la disponibilidad de dinero para mantener la prestación del servicio y contratar más personal. A Zapata Tarrés tocará dar continuidad a éstas y otras acciones. En los pasados cuatro años, la especialista fue coordinadora de Investigación de la Fundación IMSS. Antes trabajó en el Hospital Infantil de México Federico Gómez y en el Instituto Nacional de Pediatría en atención de niños con cáncer.

Otros pendientes en los hospitales federales tienen que ver con las obras inconclusas que hay en varios nosocomios y que están a la espera de que se resuelvan procedimientos administrativos y se liberen los recursos. Uno es el Hospital de la Mujer, que desde noviembre de 2023 tiene autorización para disponer de 148 millones de pesos para la renovación de equipos. Los actuales tienen más de 30 años de antigüedad, pero el trámite lo tiene el Fondo de Salud para el Bienestar. Del reporte también se desprende que si bien esta Comisión Coordinadora se ha ocupado de cumplir con la austeridad republicana, los servicios de salud deben quedar exentos de ahorros en el pago de agua potable, energía eléctrica, combustible, servicios de alimentos para pacientes y trabajadores, y en mantenimiento y conservación de inmuebles.

También corresponderá a la nueva administración atender asuntos que involucran a otras dependencias públicas, como es contar con mecanismos de referencia y contrarreferencia de pacientes con el IMSS y el Issste, así como para el intercambio de servicios. Esto es relevante porque 20 por ciento de los usuarios que acuden a institutos nacionales de salud y hospitales federales son derechohabientes de seguridad social, pero al no existir un mecanismo de pago entre las instituciones, hacen gastos de bolsillo elevados.