e nada sirvieron el intento de boicot, las zancadillas, el juego sucio, los bloqueos el paro de los trabajadores del sector –que acumula cerca de tres meses– y conexos de la banda de los ocho ministros y sus sicarios, porque día tras día avanza la implementación de la reforma judicial, con lo que se aproxima la salida de ese vergonzoso octeto que sólo ha denigrado a uno de los poderes del Estado y ofendido a los mexicanos.

Entre lo más reciente, destaca lo acontecido el pasado sábado: en un paso más en la puesta en marcha de la reforma judicial, el Senado definió que 850 plazas de jueces y magistrados se renovarán en la elección extraordinaria de junio de 2025; de éstas, 711 fueron definidas ayer a través de un sorteo realizado en urnas transparentes en el salón de plenos de esa cámara. Las restantes 139 son plazas vacantes que, de acuerdo con el artículo segundo transitorio de esa reforma, pasan directamente a esa elección del próximo año, la primera de dos que se llevarán a cabo para renovar en forma escalonada la totalidad de los titulares de juzgados de distrito y tribunales de circuito. De manera implícita, luego del proceso de insaculación, la otra mitad de los titulares del total de plazas, que son más de mil 600, se elegirán en los comicios de junio de 2027; de acuerdo con ese listado del Consejo de la Judicatura Federal, 25 magistrados y cuatro jueces declinaron participar en la elección del primero de junio de 2025, por lo que después de esa fecha quedarán fuera del Poder Judicial ( La Jornada, Andrea Becerril).

Bien lo plantea la ministra Lenia Batres: La reforma judicial abre una oportunidad de construir un nuevo sistema en la democracia. La modificación constitucional permitirá corregir las fallas estructurales del Poder Judicial Federal e impedir la reproducción de un sistema oneroso, ineficiente, discriminador y corrupto; ese poder del Estado sí tiene muy fuertes defectos estructurales que favorecen la corrupción (y el nepotismo), amén de que se asumía con la obligación de oponerse por sistema a las decisiones de las mayorías y se definía como meritocrático, lo que originó un esquema jerárquico donde juezas, jueces, magistradas, magistrados, e incluso ministras y ministros asumían que merecían su puesto por su trayectoria y no que debían ganárselos en función de sus resultados; tenemos una posibilidad sin igual de renovar a esta generación de jueces y juezas de nuestro país y poder construir un nuevo Poder Judicial democrático, sensible y con vocación de servicio ( La Jornada, Iván Evair Saldaña).

Por otra parte, tras meses de paro de actividades, los trabajadores del Poder Judicial primero dijeron que de ninguna manera lo harían, pero 24 horas después anunciaron que el próximo miércoles reanudarán labores, sin olvidar que a los mexicanos les ha costado alrededor de 9 mil millones de pesos y la cancelación de un número igual de audiencias en todos los ámbitos federales (audiencias en juicios penales, administrativos, laborales, de amparo, cambio de medidas cautelares, sentencia, extradición, extinción de dominio y autorizaciones para intervención de comunicaciones). Eso sí, el jugoso negocio de los sabadazos se mantuvo más que activo.

Para los sicarios mediáticos y sus titiriteros, la presidenta Claudia Sheinbaum envió un claro mensaje: Se han cubierto todos los requisitos y normas que establece la Carta Magna para su reforma, a partir de la correlación de fuerzas en el Congreso. Falsas, dijo, las denuncias de jueces y magistrados de que se está rompiendo el marco legal. Son ellos quienes van a tener que ceder su espacio a los nuevos; en el fondo, lo que hacen es defender sus privilegios, para lo cual promueven amparos, pero estos recursos no proceden contra modificaciones constitucionales, sino únicamente contra cambios legales o actos de autoridad. Entonces, ¿dónde está la crisis constitucional? En ningún lado.

Las rebanadas del pastel

En Palacio Nacional pararon en seco al sombrerudo y metiche embajador estadunidense Ken Salazar, quien hasta ahora se movía como pez en el agua: cualquier reunión o tema que busque tratar con autoridades gubernamentales tendrá que hacerlo a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y no por la libre, como acostumbraba. La presidenta Sheinbaum lo resumió así: el supuesto diplomático llama a un secretario, a otro. Entonces, ahora si quiere tocar algún tema relacionado con la Secretaría de Energía, pues será por medio de la cancillería. Entonces, ya es tiempo de que se acostumbre a ejercer como embajador, no como procónsul.

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