Madrid. Más de 10 mil personas salieron ayer a las calles de Madrid en repudio a la ley de vivienda que aprobó en 2023 el gobierno presidido por el socialista Pedro Sánchez, además de exigir la dimisión de la ministra del ramo, Isabel Rodríguez.

La marcha recorrió el centro de la capital española, en la que jóvenes y familias se congregaron para gritar consignas contra el gobierno y los especuladores y los rentistas, a quienes señalan de ser los principales responsables de la falta de vivienda asequible en España, problema cada vez mayor en las principales ciudades del país, sobre todo en Barcelona, Madrid, Valencia, Málaga, Bilbao, San Sebastián y Sevilla, donde los precios están disparados y la oferta ha mermado mucho, en particular por el auge de los alquileres por temporada y vacacionales.

Entre las consignas más escuchadas destacaron: fuera rentistas de nuestros barrios. Una habitación no es la solución y la ley de vivienda es una basura.

Al final de la protesta se leyó el manifiesto, que redactó el Sindicato de Inquilinos, la organización convocante, en el cual se advirtió que los caseros son culpables de esta situación; por eso, es el momento de que las inquilinas demos un paso al frente con una escalada de movilizaciones hasta desembocar en una huelga de alquileres, capaz de forzar a los rentistas a reducir los precio hasta en 50 por ciento, de tal forma que el inquilinato pueda destinar a la vivienda como máximo un tercio de sus ingresos mensuales, ya que actualmente el porcentaje supera 60 puntos.

Denunciaron que en la Comunidad de Madrid, los fondos buitre poseen decenas de miles de viviendas que les regaló y vendió el gobierno autonómico madrileño. Por ello, es fundamental expropiarlas y recuperarlas para que pasen a estar bajo gestión y control de quienes las habitan.

Asimismo, reclamaron a las autoridades el cierre inmediato de todos los departamentos destinados a uso turístico en España y advirtieron que sólo en Madrid hay más de 17 mil.

Los manifestantes también pusieron el dedo en la llaga de otro problema estructural, el de los lanzamientos por impago del alquiler o de la hipoteca.

Los desahucios siguen siendo una problemática real para quienes no tienen control sobre su vivienda; en lo que va del año se han realizado en promedio 82 diarios, mientras el gobierno central asegura haber terminado con ellos. Es por ello que nos manifestamos para acabar con los desahucios y también para exigir la desarticulación de todas las empresas de desokupación que aterrorizan con métodos mafiosos a las familias más vulnerables, afirmaron.

Por último, exigieron la dimisión de la ministra Isabel Rodríguez, por su responsabilidad en el absoluto fracaso que ha supuesto la ley de vivienda hasta la fecha, al ser una ley diseñada para ser ignorada por la mayoría de las comunidades autónomas; esquivada por los rentistas, incluso en los territorios donde supuestamente se aplica; e incumplida por las inmobiliarias, todo ello, con completa impunidad mientras se sigue cargando el peso de esta situación insostenible sobre las espaldas de las inquilinas.