A pesar de las violaciones a la Ley Federal del Trabajo (LFT) denunciadas por la disidencia, como el principio de proporcionalidad de género, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) determinó otorgar la toma de nota a Francisco Hernández Juárez, quien se mantendrá como secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) hasta 2028, con lo que sumará más de medio siglo en el poder.

Pablo Lugo Colín y Miguel Ángel Lara, integrantes de la corriente que impugnó el proceso hace un mes, acusaron que en lugar de ordenar reponerlo, la autoridad laboral permitió que el dirigente septuagenario sustituyera a dos candidatos varones a cartera sindical, por dos mujeres, cuando ya había una violación de origen a la ley.

Es decir, el CFCRL permitió que el sindicato solventara esa falta, para así determinar que no hubo tal incumplimiento a la LFT. Sin embargo, lo hace dos meses después de la elección en la que la Comisión Nacional Electoral declaró triunfador, con 34 mil 323 votos, al candidato único Hernández Juárez, subrayaron en entrevista los miembros de la corriente Telefonistas Construyendo Democracia.

Este diario solicitó conocer la postura del Centro Federal Laboral, pero no obtuvo respuesta.

Lugo Colín explicó que el comité ejecutivo nacional del STRM comprende 32 carteras. La planilla verde, de Hernández Juárez, propuso 22 hombres y 10 mujeres, pero con la maniobra que realizó finalmente quedó integrado por 20 varones y 12 mujeres.

En tanto, Lara insistió en que incluso esto es insuficiente para cumplir con la proporcionalidad, ya que el padrón de telefonistas asciende a 61 mil 936 afiliados, entre jubilados y activos, y del total, 36 mil 3 son hombres (58.13 por ciento) y 25 mil 933, mujeres (41.87), detalló.

De esta manera, al desglosar los 32 cargos del comité ejecutivo nacional, 19 deberían ser para varones y 13 para ellas. La misma situación aplicaría en el comité nacional de vigilancia, que consta de cinco espacios, de los cuales tres serían para varones y dos para ellas.

Después de la elección, el centro laboral le desconoce (al sindicato) el proceso, pero hay una responsabilidad mutua, porque la autoridad debió haberle pedido explícitamente que repusiera el proceso y que hubiera un comité interino, mas no darle oportunidad de subsanar una violación, insistió Lugo.

Acusó que la jornada, que se realizó en 188 secciones del gremio del 15 al 29 de julio, no fue supervisada por ninguna autoridad laboral.

El integrante de la corriente sindical señaló que la impugnación fue desechada por la autoridad, con el argumento de que fue extemporánea porque, según les respondió, sólo tenían tres días después de la celebración de las votaciones para hacerlo.

Rechazó que fuera así, ya que el 25 y 26 de septiembre repitieron el proceso electoral para reponer las dos vacantes mencionadas, por lo que se estaba en tiempo y forma.