a secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, expuso las falsedades sistemáticas en que ha incurrido Calizas Industriales del Carmen (Calica) en su demanda por mil 500 millones de dólares contra México. La filial de Vulcan Materials, con sede en Alabama, sostiene que es víctima de una expropiación de los terrenos que adquirió de forma más que sospechosa, cuando la realidad es que nadie le disputa su posesión: simplemente han quedado dentro de un área natural protegida, por lo que debe desarrollar actividades acordes con el estatus de sus 2 mil 387 hectáreas y de las 50 mil que las rodean. Además, construye su caso sobre la pretensión de disponer de permisos que se encuentran vencidos, y esgrime artículos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), el cual está extinto desde la entrada en vigor del T-MEC en julio de 2020.
Estas falacias representan sólo los eslabones más recientes de la cadena de engaños con que ha operado desde 1986: de acuerdo con la funcionaria, la empresa ha mentido sobre las reservas de piedra caliza y la sobrexplotación de las mismas, tanto para evadir impuestos como para ocultar los daños ecológicos a la zona de selva y manglares donde se asienta su cantera, ubicada a cinco kilómetros de Playa del Carmen. Desde hace décadas pobladores locales han denunciado los perjuicios ocasionados por la mina a cielo abierto, operada con tal voracidad que extrajo materiales de capas inferiores a los mantos freáticos, con lo que interrumpió el flujo hídrico y contaminó los cenotes de la región, en los que antes se llevaban a cabo excursiones ecoturísticas.
Por estos motivos, en el sexenio anterior se denunciaron sus prácticas nocivas y se exploraron formas de restituir el equilibrio ecológico en un área que forma parte del corredor turístico más relevante del país, así como de un ecosistema clave por su biodiversidad. Si algo ha caracterizado la actitud de las autoridades mexicanas hacia Vulcan es el exceso de consideración: en vez de judicializarla e imponerle multas millonarias por la devastación ambiental perpetrada, le tendieron la mano para dialogar, intentaron establecer acuerdos, le presentaron diversas alternativas para armonizar sus intereses económicos con la protección del entorno e incluso le hicieron una generosa oferta para adquirir los terrenos que controla.
En una muestra del comportamiento que distingue a muchas transnacionales, y en particular a las del sector minero, la compañía burló los acuerdos que el gobierno federal había validado de buena fe, sin recurrir a medidas coercitivas; rechazó o ni siquiera respondió a las propuestas recibidas, se cerró a cualquier negociación de compra y se empeñó en judicializar el asunto a sabiendas de que el Estado mexicano posee la facultad legal de actuar a favor del bien público.
También ha recurrido a un agresivo cabildeo con el que busca convertir su obcecación en un conflicto político y diplomático. Bajo estos auspicios, un grupo de senadores estadunidenses ha llegado a la insolencia de amenazar a México con consecuencias aplastantes
por proteger su patrimonio natural, así como la salud y las vidas de los habitantes de la región. Las invocaciones a la Ley de Defensa de la Propiedad Estadunidense en el Exterior, además de encontrarse completamente fuera de lugar, evocan de manera inevitable los más oscuros episodios del imperialismo de Washington en América Latina, como los golpes de Estado y las masacres organizadas desde sus embajadas a fin de asegurar el control de sus compañías sobre los recursos naturales del subcontinente.
Las autoridades y la sociedad mexicana deben cerrar filas en el rechazo enérgico a las pretensiones de Vulcan Materials y a los amagos contra la soberanía mexicana por parte de políticos y organismos de presión extranjeros. Cabe esperar que los grupos que han desplegado un gran músculo financiero y mediático en defensa de la selva maya desde el sexenio pasado sean los primeros en respaldar la postura de México y pronunciarse en contra de la multinacional depredadora.
