No obstante que la Comisión para la Verdad sobre la guerra sucia (1965-1990) terminó su investigación para esclarecer las violaciones graves a derechos humanos que se cometieron durante esos años, y que no estuvo exenta de problemas internos, el gobierno federal seguirá trabajando en el largo camino para alcanzar la justicia.

Así lo aseguró Froylán Enciso, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, durante la presentación del informe final Verdades Innegables, elaborado por el equipo de la ex comisionada Eugenia Allier, una de los cuatro integrantes del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de la Comisión.

En el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, frente a decenas de sobrevivientes y familiares de víctimas, así como integrantes de colectivos, el funcionario reconoció que el camino hacia la verdad y la justicia inició hace más de 50 años por estos luchadores, quienes han sido los pioneros del cambio democrático en el país.

Antes de la presentación del informe, Allier pidió un minuto de silencio por las víctimas de violencia del Estado, para las doñas, las madres, esposas, hermanas, padres, esposos y hermanos que se han ido sin conocer el destino de sus seres queridos y por los sobrevivientes que no conocieron la justicia.

En la investigación, independiente a la realizada por sus compañeros Abel Barrera, David Fernández Dávalos y Carlos Pérez Ricart, la historiadora muestra las estrategias de contrainsurgencia que puso en práctica el Estado, como los vuelos de la muerte que despegaban de la base militar de Pie de la Cuesta, en Guerrero, para arrojar personas al mar, entre 1971 y 1980.

La investigadora destacó que la violencia política que el Estado ejecutó contra luchadores sociales y militantes políticos “había sido negada y opacada por los poderes políticos, pese a las décadas de lucha de familiares sobrevivientes y colectivos. Asimismo llamó a no permitir que estos silencios perduren, que se deslegitimen sus justas demandas y que se invisiblice la dimensión política del daño que sufrieron.

Sobre los vuelos de la muerte, el periodista José Reveles señaló que no tenía antecedente de que estas operaciones se ejecutaron entre 1971 y 1974, con personas lanzadas al mar, ríos o lagos con el uso de helicópteros.

Esto me hace pensar que el primer autor de los vuelos de la muerte fue México, antes de Chile en la dictadura de Augusto Pinochet.

En el auditorio Alfonso García Robles, los sobrevivientes y familiares de víctimas, entre ellos Félix Hernández Gamundi, Juan Bautista, Martha Camacho y Tania Ramírez, escucharon atentos los hallazgos del informe, al tiempo que un grupo pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum dar continuidad a los trabajos a través de una comisión de la verdad autónoma e independiente, ya que lamentaron que siguen sin saber tener justicia ni verdad.

Blanche Petrich, periodista de La Jornada, señaló que si los represores, testigos, los viejos oficiales o soldados en retiro dieran un paso al frente, ojalá pudieran poner sobre la mesa pistas, datos e indicaciones donde encontrar más documentos, más indicios, más personas.

Durante la exposición, Jesús Peña, representante adjunto de la ONU-DH México, destacó las dificultades para lograr la colaboración de las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad e inteligencia, así como las barreras que impiden que los responsables enfrenten a la justicia y contribuyan a la búsqueda de la verdad.