En su demanda contra el gobierno de México por mil 500 millones de de dólares y a lo largo de su operación en el sureste del país, Calizas Industriales del Carmen (Calica) ha incurrido en falsedades sistemáticas para ocultar la sobrexplotación del terreno que le fue concesionado en 1986, sostuvo la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena.

Por ejemplo, dijo que la filial de la estadunidense Vulcan Materials ha reportado menor reserva de piedra caliza a las autoridades nacionales para evadir impuestos y ocultar el desastre ecológico provocado.

Afirmó que en el decreto presidencial de Andrés Manuel López Obrador del pasado 23 de septiembre no se ordenó la expropiación de ese terreno, sino que se le declaró, junto con otras 50 mil hectáreas, área natural protegida. No estamos expropiando; el terreno sigue siendo de ellos, lo único que decimos es que no pueden extraer ni un gramo más de piedra caliza, eso sí. Es decir, deberán restaurarlo, producir bosque, o a ver qué hacen, pero caliza no.

Bárcena explicó los alcances del profundo daño ambiental por la explotación de Calica desde 1986: es un desastre ecológico, porque se extraía caliza para exportarla a Estados Unidos, donde se destina a construir carreteras; dicha explotación se fue por debajo del manto freático de una zona que tiene un ciclo hidrológico muy importante, llena de cenotes. Se ha ocasionado una gran devastación ambiental y graves desequilibrios ecológicos en esta región. Son mil 200 hectáreas las que se han explotado.

Para mantener estos niveles de abuso, acusó Bárcena en la mañanera, la empresa ha emitido una serie de declaraciones falsas, como que tiene todos los permisos. No es verdad. En segundo lugar, negó incurrir en abusos con la piedra caliza y se sobrepasó en la extracción y los permisos que se le dieron en 1986. Luego, se les otorgó otra licencia en 2000 que les extendió la explotación 20 años. Ellos ya no tienen permiso desde diciembre de 2020.

Al rendir un informe sobre Calica, sostuvo que la empresa explotó 140 hectáreas de extensión con una profundidad hasta de 12 metros, invadiendo realmente el manto freático. Mintieron al señalar que había sólo siete cenotes, cuando en realidad había 17, pero se dañaron 13, de los cuales al menos tres están destruidos en su totalidad. Por todo ellos es que la pasada administración canceló todo permiso de extracción de la roca.

Posteriormente, expuso, se publicó el decreto para convertir el terreno en área natural protegida. “Esta empresa demandó a México con base en el TLCAN –no el T-MEC–, por más de mil 500 millones de dólares, porque México ya les prohibió, a partir del presidente López Obrador, les cerró absolutamente la extracción de caliza en el subsuelo de Playa del Carmen y Cozumel. Semarnat y la Profepa confirmaron estos daños, cuyo impacto al sistema hidrológico subterráneo es 20 veces más del volumen autorizado”.

La titular de Semarnat denunció también la alteración de los reportes de producción, toda vez que a la autoridad financiera de Estados Unidos en la bolsa, donde cotiza, le informó el doble de reservas de material pétreo del que entera a México, para poder evadir impuestos.

En este contexto, comentó que con el decreto presidencial, López Obrador dejó 232 áreas naturales protegidas, sumando en su sexenio 50. Bárcena destacó la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum de diseñar un plan nacional de restauración que permita atender ecosistemas con niveles altos de degradación y restaurar zonas donde residan especies endémicas, para lo cual la dependencia se basará en el Índice de Integridad Ecosistémica.

Reconoció que en México, 42 por ciento de los ecosistemas tienen ciertos grados de degradación histórica. Afirmó que existe el convencimiento de que con este programa se puede alcanzar una meta de restaurar 20 por ciento del territorio, lo cual se puede lograr si se sanean los ríos Tula, Lerma, Atoyac y Sonora; recuperar 30 por ciento de los manglares de nuestros 11 mil kilómetros de costa y reforestar 10 por ciento de los bosques y selvas en nueve estados de la República.

Con ello, el país podrá cumplir sus compromisos de la agenda global 30-30-30, que es 30 por ciento de áreas naturales terrestres y 30 marinas, a 2030.

Por otra parte, Sheinbaum explicó que pretende llevar como política federal un programa desarrollado durante su gobierno en la Ciudad de México, denominado economía circular, que consiste en el reciclaje de materiales. Para ello, se utilizará el terreno que expropió Felipe Calderón para la fallida refinería que construiría en Tula, pero que ahora se ocupará para establecer una planta de reciclaje con varios desarrollos tecnológicos.

Otro proyecto, explicó Bárcena, es el reciclamiento de materiales de construcción que pueden ser reutilizados, es decir, el cascajo puede convertirse en adocreto para usarlo en asfalto de las carreteras.