Oaxaca, Oax., Familiares, amigos y defensores de derechos humanos exigieron al gobierno de Salomón Jara la presentación con vida de Sandra Estéfana Domínguez Martínez, indígena ayuujk y activista que desapareció en la comunidad María Lombardo, San Juan Cotzocón, sierra Mixe de Oaxaca, junto con su esposo, Alexander Hernández, el 4 de octubre.

La abogada de 38 años denunció los chats Sierra XXX y Mega Peda en los que participaban funcionarios estatales y federales que cosificaban a las mujeres. Los defensores acusaron que las autoridades revictimizan a la activista, sobre todo el secretario de Gobierno, Jesús Romero, y Donato Vargas, coordinador de Delegados de Paz.

Ayer, en conferencia frente al templo de Santo Domingo de Guzmán en el centro de esta ciudad, los activistas leyeron una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum y a Jara Cruz, a quienes solicitaron una postura y enfocar los esfuerzos para localizar a Sandra Estéfana.

Los casos de más riesgo que llevó fueron las denuncias por los citados chats y el feminicidio de la joven Fanny López Nolasco, que trataron de hacer pasar como suicidio.

Dieron a conocer que cuando sus familiares se dieron cuenta de la desaparición de Sandra acudieron a las oficinas de la fiscalía de Oaxaca a denunciar; no obstante, quienes los atendieron les indicaron que debían ir al municipio donde vive la ausente a levantar la querella.

Acusaron que la actuación de los funcionarios de la fiscalía fue burocrático y retrasó el inicio de la búsqueda, esto pese a que las primeras 48 horas son vitales.

El abogado Joaquín Galván informó que Sandra Domínguez presentó denuncias en la fiscalía estatal por amenazas, pues había participado en diversos casos de violencia contra las mujeres, feminicidios y desapariciones. Incluso en cinco ocasiones solicitó medidas de protección, las cuales le fueron otorgadas de forma intermitente.

Comentó que desde marzo la defensora tomaba un descanso de su trabajo para pasar tiempo con su esposo, pero ella no sintió una situación de riesgo, ya que dentro de sus protocolos de seguridad ellos se coordinan y activan sus métodos de protección cuando se percatan de algún peligro; no obstante, en esta ocasión no los activó.

Yesica Sánchez, integrante de Consorcio para el Diálogo Parlamentario, reprobó la actuación del gobierno estatal, pues a través de Jesús Romero, secretario de Gobier-no, se filtró información del caso en la conferencia de seguridad, cuando a la fiscalía oaxaqueña corresponde dar la información, por lo que existe una usurpación de funciones.

Además, puntualizó que el 8 de octubre, cuando se difundió la ficha de búsqueda de la defensora y su esposo, se filtró a medios un supuesto video en el que se señala a Alexander Hernández de agredir a dos mujeres. Consideró que este hecho viene de la administración del morenista Jara o de la fiscalía cuyo objetivo es desviar la atención del tema de la desaparición.