evertir el profundo daño causado por el régimen neoliberal, recuperar la presencia del Estado en la economía en beneficio de la mayoría, erradicar la mercantilización de los derechos de los mexicanos y aprovechar para la nación los recursos que son de su propiedad es uno de los objetivos de la Cuarta Transformación, y si bien se avanzó durante la presidencia de López Obrador, falta camino por recorrer.

De ahí la importancia del anuncio de la presidenta Sheinbaum: las reformas constitucionales en materia energética, así como las referentes a la recuperación de los ferrocarriles, fortalecen los derechos del pueblo de México al hacer de los trenes de pasajeros, de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad empresas públicas al servicio del Estado, es decir, de los mexicanos todos y no de un grupúsculo de barones y consorcios que a lo largo del régimen neoliberal de nuestro país hicieron su paraíso.

Se trata, dijo la mandataria, de modificaciones fundamentales para recuperar el papel del Estado en ambos rubros. En el primer caso, permitirá consolidar la soberanía energética y especialmente el objetivo central de las empresas públicas (Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos), que no es mercantil, sino de servicio público.

En el caso de los ferrocarriles, el impresentable Ernesto Zedillo sin más y a precio de regalo, los entregó a un par de consorcios (especialmente al del tóxico Germán Larrea) para explotar lo que el Estado mexicano construyó en casi un siglo, al tiempo que canceló el transporte de pasajeros que resultaba vital para la comunicación y abasto de innumerables comunidades diseminadas por la geografía nacional. Eso sí, al concluir su mandato se fue a trabajar a una de la empresas que benefició.

Por lo que toca a Pemex y la CFE, Peña Nieto entregó todo al gran capital y anunció que las otrora paraestatales se convertirían en empresas productivas del Estado que competirán en igualdad de circunstancias con las trasnacionales de esos sectores, más las participantes por el lado del capital autóctono (beneficiario a manos llenas de la privatización), y para confirmarlo comenzó a subsidiar y financiar, con recursos públicos, a las empresas particulares, especialmente, pero no la única, a la española Iberdrola. Al mismo tiempo, el gobierno saqueaba las finanzas de la petrolera, la endeudaba hasta más no poder y dejaba en manos de los nuevos dueños todos los beneficios, aunque la mayoría de ellos no llegaron a producir un solo barril de crudo, pero sí a especular fuertemente con las concesiones, mientras se detenía la generación de energía eléctrica de la CFE para priorizar la privada con el fin de que ésta se quedara con el pastel completo.

Un verdadero atraco a la nación, uno de tantos, disfrazado de modernidad y acceso al primer mundo que desmanteló al Estado, destrozó a millones de mexicanos, puso precio a sus derechos sociales e hinchó de ganancias e impunidad a una camarilla verdaderamente deleznable y dañina para los intereses nacionales.

En el caso de la energía eléctrica, detalló: se busca consolidar que el sector público genere 54 por ciento de suministro de energía eléctrica, y los privados, 46; el modelo que se avaló con la reforma constitucional de 2013 desplazó el carácter prioritario de la CFE en favor de las empresas privadas. Así, la iniciativa de reforma constitucional que debe discutir la Cámara de Diputados esta misma semana contempla eliminar la definición que se les impuso de empresas públicas del Estado con la reforma de 2013, que las equiparaba con las empresas privadas y las obligaba a regirse por el derecho mercantil. Con ello, la propuesta actual pretende que regresen a ser empresas públicas para que se rijan por derecho público a fin de garantizar la preponderancia de la Comisión Federal de Electricidad en generación de energía eléctrica. Se busca eliminar las condiciones que les impusieron, las cuales precisamente les impedía ser productivas.

Algo más: se respetarán los contratos actuales con la iniciativa privada (en materia eléctrica), pero vamos a sentarnos a platicar los términos en los que participará en el nuevo esquema. Es claro que la reforma le da preponderancia a la CFE. Entonces, a robar a otra parte.

Las rebanadas del pastel

Javier Milei es veneno puro para el bienestar social de los argentinos. Como sucedió aquí durante el régimen neoliberal, convierte derechos en mercancías (salud, educación pública, jubilaciones, etcétera) y no lo hace por motivos económicos, como asegura, sino por razones ideológicas. ¿Cuánto más lo soportarán?

X: @cafevega

cfvmexico_sa@hotmail.com