l huracán Milton tocó anoche la costa oeste de Florida como tormenta de categoría 3 y vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora. Millones de personas fueron evacuadas en la zona central de la entidad debido al poder del meteoro y al hecho de que atravesó algunas de los sitios más poblados del estado sureño, como Tampa, San Petersburgo, Sarasota y Fort Myers. Al cierre de esta edición, más de un millón de personas se habían quedado sin servicio eléctrico, con afectaciones en casi todos los condados de Florida e incluso en la vecina Georgia. La devastación que deje Milton se sumará a la provocada hace menos de dos semanas por Helene, que dejó 200 muertos, centenares de heridos y localidades enteras arrasadas, con lo que se convirtió en el huracán más mortífero en Estados Unidos desde que Katrina golpeó Nueva Orleans en 2005.
En los momentos de angustia que experimenta la población de ese estado hay un grupo que se encuentra en extrema vulnerabilidad: el de los migrantes indocumentados. Aunque, por razones obvias, no se conoce con precisión el número de extranjeros sin papeles que habitan el área, se estima que la entidad cuenta con al menos 4.8 millones de migrantes, y que 250 mil mexicanos viven en las ciudades y zonas agrícolas por donde pasó el ciclón. Muchas de estas personas no hablan inglés ni disponen de servicios como televisión e Internet, por lo que tienen dificultades excepcionales para informarse acerca del peligro que corren y para ubicar los refugios disponibles. Asimismo, suelen carecer de automóvil, con lo que les es casi imposible evacuar hacia zonas seguras.
Los desafíos lingüísticos, logísticos y financieros que enfrenta la comunidad migrante, pilar de la economía floridense, son exacerbados por la brutal persecución que padecen a manos del gobernador ultraderechista Ron DeSantis. El año pasado, cuando aspiraba a obtener la candidatura republicana a la presidencia, DeSantis se sumó a la carrera entre sus correligionarios para mostrar quién estaba dispuesto a ir más lejos en la criminalización de los migrantes y la demolición de los derechos humanos con tal de agradar al sector más retrógrada de su electorado.
En ese contexto, impulsó y promulgó leyes que asfixian a los indocumentados, además de tipificar como delito entrar a Florida en situación migratoria irregular; dicha legislación invalida cualquier identificación otorgada por el gobierno e impide a las administraciones locales proporcionar documentos de identidad y obliga a todo hospital que reciba fondos públicos a preguntar a los pacientes su estatus migratorio.
Aunque DeSantis fue rápidamente barrido de la contienda interna, sus leyes predatorias siguen en pie. Como han denunciado organizaciones que trabajan con migrantes, estas medidas sádicas los disuaden de acercarse a los albergues, solicitar comida o materiales para proteger sus casas y buscar atención médica.
Las autoridades y la sociedad mexicanas deben mostrarse preparadas y dispuestas a socorrer a connacionales que enfrentan la doble amenaza de las secuelas de Milton y del racismo institucionalizado en Florida, así como para dar ayuda solidaria a los afectados por el meteoro, sin importar nacionalidad, condición migratoria ni alguna otra característica más que la de humanos que requieren apoyo.