Los ministros Alberto Pérez Dayán y Juan Luis González Alcántara Carrancá serán quienes definan en primer momento la decisión que tomará la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ante las impugnaciones de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF).

Ayer, el ministro Juan Luis González admitió a trámite la controversia constitucional promovida por el gobierno de Guanajuato contra la enmienda, que entró en vigor el pasado 16 de septiembre.

El recurso fue interpuesto por el ex gobernador de Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, como uno de los últimos actos de su administración, la cual concluyó el 26 de septiembre pasado.

Es la primera vez que la Corte admite una controversia en contra de una reforma a la Constitución.

Con la admisión de la controversia, el ministro no dictó medidas cautelares que ordenen la suspensión de los efectos de la reforma a favor del promotor, en este caso de Guanajuato.

Sin embargo, el togado pedirá informes al Congreso de la Unión, a 23 legislaturas locales y al Ejecutivo federal para que defiendan la reforma judicial que avalaron.

Por otra parte, la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, asignó al ministro Pérez Dayán la tarea de elaborar otro proyecto que resuelva la solicitud de jueces y magistrados que pidieron al alto tribunal pronunciarse sobre la constitucionalidad de la reforma.

Con ello, el ministro determinará si es posible que la Corte lleve a cabo un control constitucional de la reforma judicial y en su caso si es factible que otorgue una suspensión contra la misma.

El asunto turnado a Pérez Dayán deriva de la consulta a trámite 4/2024 que resolvió el pasado jueves el pleno de la Corte, y en la que se aprobó por ocho votos contra tres que ese alto tribunal sí puede analizar las impugnaciones contra la enmienda constitucional.

En dicha solicitud, las personas juzgadoras argumentaron que se afecta la autonomía de los órganos del PJF, la independencia de sus integrantes y la autonomía judicial.

El pleno de la Corte determinó que el artículo 11, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF) le atribuye el alto mandato de velar por la autonomía e independencia de los órganos e integrantes de la judicatura federal.

Al momento, la Corte ha admitido cinco impugnaciones contra los cambios a la Constitución en materia judicial. Dos de ellos son los que están en estudio de los ministros Pérez Dayán y Juan Luis González y tres están pendientes de ser turnados por Piña Hernández a la ponencia de otro ministro.