ucedió durante el primer día del actual gobierno, un día antes de que se conmemorara la masacre de estudiantes por parte del Ejército del 2 de octubre de 1968, y cinco días después de que las madres y los padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa volvieran a reclamar la información que los militares les esconden sobre el paradero de sus hijos. Ocurrió en el estado más militarizado desde el 9 de febrero de 1995, el mismo en el que desde hace años se niega la guerra contra los pueblos por parte de gobiernos y crimen organizado. Ahí, en Villa Comaltitlán, Chiapas, integrantes del Ejército tiraron a matar a una camioneta en la que viajaban 33 personas de distintas nacionalidades. Mataron a seis e hirieron a 10.

No hay garantía de que las personas migrantes sobrevivientes y familias de los fallecidos reciban justicia y reparación del daño, así lo han demostrado las diferentes masacres contra dicha población y los casos donde elementos del Ejército están involucrados, denunciaron organizaciones de derechos humanos, luego del asesinato reconocido en un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional y confirmado por el gobierno federal.

Los soldados involucrados están bajo investigación, dijeron. No se volverá a repetir, aseguraron. ¿Quién lo garantiza? Nadie, pues es sabido que no es la primera vez que la política de contención y militarización del control migratorio termina con la vida de población en movilidad.

Las justificaciones para acribillar a las personas en tránsito son las mismas que en el pasado. Dicen que eran sospechosas y que el Ejército repelió agresiones, pero más indefensas no podían estar cuando los soldados abrieron fuego contra la camioneta que tendría que dirigirlos a un mejor destino.

Las organizaciones de derechos humanos van al fondo: La actual política migratoria de contención y la militarización de las revisiones migratorias matan y dejan en desprotección a todas y todos, perpetúan la impunidad y la injusticia.

Los perdones no bastan. Los arrestos de los militares no implican justicia. Terminar con una aberrante política migratoria es lo que se debería plantear en un país de derechos.

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