Ante los recursos que aún se analizan en diferentes instancias en contra de la reforma al Poder Judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que esos lineamientos ya son constitucionales, por lo que cualquier intento, ya sea nacional o internacional, para eliminarlos carece de bases legales.

Durante su conferencia matutina de ayer en Palacio Nacional, se le interrogó en torno a los recursos que intentan invalidar la mencionada reforma –uno ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otro que en noviembre analizará la Corte Interamericana de Derechos Humanos–, a lo que la mandataria insistió que ya es una ley constitucional.

Ya se sancionó, ya se publicó, ya es parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, cualquier asunto que quiera definirse en la Corte o en cualquier otra instancia, incluso internacional, pues no tiene sustento, el pueblo de México decidió y eso va a ocurrir, remarcó.

La base de la reforma, comentó, es la elección popular de jueces, magistrados y ministros.

Dijo que el primer proceso electoral para tal fin se efectuará en junio del próximo año, donde se elegirá a la mitad de los jueces y magistrados federales del país, así como la totalidad de los ministros de la Corte, mismos que bajarán de 11 a nueve, y a los integrantes del tribunal judicial, instancia que sancionará a jueces, magistrados y ministros.

Indicó que en breve el Senado tiene que emitir la convocatoria en la que se establecerán los requisitos que deben cumplir quienes se interesen por participar en el proceso de elección.

Una vez que los candidatos entreguen sus solicitudes para participar, se instalarán comités de los tres poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), los cuales revisarán que éstos cumplan con los requisitos y con base en ello hacer una primera elección transparente. Los seleccionados pasarán a una tómbola para designar las candidaturas.

Posteriormente, se realizará la elección de los integrantes del Poder Judicial por parte de la ciudadanía. La primera en 2025 y la segunda –para elegir a la otra mitad de jueces y magistrados– en 2027.

Por otro lado, adelantó que en breve presentará una iniciativa contra el nepotismo en política, dirigida sobre todo a los ejecutivos de los tres niveles de gobierno, a fin de que ningún familiar suceda en el periodo inmediato siguiente a un alcalde, gobernador o presidente de la República.