Bogotá. Después de casi dos décadas se reunieron ayer por primera vez dos antiguos oponentes en Colombia: el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso y el presidente Gustavo Petro, quien fue en su juventud parte de una guerrilla y luego, como congresista, denunció al paramilitarismo.

El encuentro se dio al norte del país en Córdoba, capital del departamento de Montería, donde los paramilitares despojaron de sus tierras a centenares de campesinos antes de iniciar a principios de la década de 2000 una desmovilización colectiva.

El gobierno indicó que cerca de 8 mil hectáreas de tierras que pertenecieron a varios ex jefes paramilitares ultraderechistas en Córdoba ahora servirán para reparar a sus víctimas en la zona.

Este es un momento histórico. Hoy están presentes no sólo las víctimas a las cuales tanto dolor y sufrimiento causé, también está un presidente que hizo parte del conflicto armado, que estuvo en la insurgencia, que fue víctima y objetivo militar de las autodefensas, dijo Mancuso, antiguo líder de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia que combatieron a las guerrillas de izquierda.

Petro recordó que la última vez que vio a Mancuso fue en 2004, cuando el entonces jefe paramilitar acudió al Congreso, en un episodio posteriormente criticado por tratarse de un actor del conflicto armado que apenas negociaba la paz.

Lo que dije en su momento era que no me parecía un acuerdo de paz entre enemigos, sino que más bien era una alianza político-militar, y me dediqué en aquellos años a descubrir los nexos entre la dirigencia política del país y lo que se llamaba en ese momento el paramilitarismo, que había asolado a Colombia, recordó Petro.

Pero el escenario dos décadas después cambió radicalmente. Petro se convirtió desde 2022 en el primer presidente progresista en Colombia y nombró a Mancuso como gestor de paz, una figura que le permite colaborar en los acercamientos del gobierno con grupos armados, especialmente de herencia paramilitar, que todavía siguen delinquiendo.

El ex paramilitar volvió a Colombia en febrero tras ser deportado de Estados Unidos, a donde fue extraditado en 2008 y luego sentenciado a más de 15 años de prisión por haber dirigido la fabricación y el envío de más de 100 mil kilogramos de cocaína.

En Colombia fue recluido por sus deudas pendientes con la justicia por más de 34 mil crímenes –la mayoría por línea de mando–, pero en julio una jueza le concedió la libertad para ejercer como gestor de paz.

Mancuso abogó por la instalación de una mesa de negociación con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también conocidas como el Clan del Golfo, de herencia paramilitar y el mayor cártel activo en el país que aún no forma parte de la política de paz total con la que Petro ha impulsado conversaciones simultáneas con varios grupos al margen de la ley.

En el pasado, Petro propuso al clan un acogimiento colectivo a la justicia que tenga una negociación jurídica con la fiscalía con el fin de desmontar sus negocios ilícitos, lo cual no ha sido aceptado públicamente por el grupo ilegal.

En el discurso de ayer, el mandatario no habló del Clan del Golfo específicamente, sino que propuso más ampliamente reactivar la mesa de paz que se había abierto con los paramilitares a inicios de este siglo al considerar que el proceso no ha terminado, dado que no se han entregado los bienes, que ustedes le proporcionaron a la justicia, a las víctimas de la violencia.

Tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, los ex paramilitares comparecen ante un tribunal de justicia especial en el que reciben beneficios penales al reconocer crímenes del conflicto interno.