Buenos Aires., El gobierno argentino anunció el cierre de una empresa ferroviaria que contaba con mil 388 empleados, Trenes Argentinos Capital Humano, y también avanzó con la clausura del Instituto Argentino del Transporte, en lo que representa la disolución de las primeras compañías estatales bajo la actual gestión que preside Javier Milei.

La disolución de la segunda compañía, creada en 2014, se debió a que nunca funcionó ni emitió una decisión o acción, puntualizó el Ministerio de Economía.

En un decreto, el Ejecutivo alegó que muchas de las competencias del Instituto se superponían con las tareas de la Secretaría de Transporte y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

El gobierno del ultraderechista Javier Milei alegó que el cierre de ambas empresas tiene por fin la reducción del Estado y contribuir a una mayor eficiencia de los recursos para reducir el gasto público y lograr el equilibrio fiscal, las dos prioridades de su administración.

El presidente emitirá esta semana un decreto para declarar sujeta a privatización la estatal Aerolíneas Argentinas, pese a que fue excluida de las compañías que podían pasar a manos privadas en las negociaciones para sancionar en el Congreso una ley fundamental que desregula la economía, la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

En tanto, la mesa de organismos de derechos humanos se solidarizó con la periodista de Página/12 Luciana Bertoia, quien recibió un mensaje intimidatorio de los genocidas presos en la Unidad 34 de Campo de Mayo, y reclamó que el gobierno explique por qué los represores tienen acceso a redes sociales.

Los criminales tienen desde julio una cuenta de X en la que se hacen llamar Muertos Vivos. Desde ahí, el lunes publicaron una carta a Luciana Bertoia en la que la invitaban a un debate desapasionado dentro de la guarnición militar en la que funcionaron más de cuatro centros clandestinos.

Esta publicación, que intentan camuflar como invitación, resulta una amenaza abierta a la especialista en temas de derechos humanos, defensora de las políticas de memoria, verdad y justicia, profundamente comprometida en investigar y denunciar el pacto de impunidad que se está gestando entre el gobierno de La Libertad Avanza y los represores. Amenaza que se hace pública dos días después que el presidente insultó a periodistas en un acto de Parque Lezama, señalaron organismos de derchos humanos.