añana se inicia un nuevo capítulo de la historia de México, la segunda etapa de un proceso de transformación que comenzó hace seis años, bajo la directriz de un nuevo paradigma de democracia social de derecho, con amplia participación popular, que dejó atrás décadas de neoliberalismo fundamentalista, con gobiernos que, con sus matices y variantes, mantuvieron los equilibrios macroeconómicos pero extendieron la pobreza y agudizaron las desigualdades sociales.

Ha sido un proceso arduo de remoción de estructuras anquilosadas, con cambios impensables, por inusitados, y que han arrojado resultados innegables aún por sectores críticos del cambio de modelo económico. Pero hay también asignaturas pendientes, sectores que es preciso apuntalar para seguir favoreciendo a los deciles más bajos de ingresos, la base de la pirámide, los segmentos antes desatendidos, o cuando menos no suficientemente atendidos.

Entre los activos con que empieza esta administración federal destaca la reducción sustantiva de la pobreza, medida con sus propios criterios metodológicos tanto por organismos nacionales, el Coneval, como por entidades extranjeras igualmente acreditadas, como el Banco Mundial.

En este mismo segmento comentábamos el dictamen contundente del Banco Mundial en su estudio regional del subcontinente latinoamericano, donde revela que las políticas públicas, especialmente las relativas al empleo y el incremento del ingreso de los trabajadores, tuvieron un impacto formidable en la disminución de la pobreza, en términos tanto relativos, porcentuales, como absolutos, cuantitativos.

La mejoría en el ingreso de los trabajadores y el aumento en el universo de personas que tienen empleo impulsó a casi 10 millones de mexicanos a salir de la pobreza entre 2018 y 2024, una cifra que no tiene precedente para un periodo de seis años. A ese avance se sumó la reducción de la tasa de desempleo, de 3.7 a 2.7 por ciento en el periodo analizado, al tiempo que la tasa de informalidad bajó de 55.8 a 54.8 por ciento, y la de participación subió de 59.7 a 60.5 por ciento.

Pero, además, el ingreso real per cápita, ajustado por el costo de la canasta alimentaria, creció 8.2 por ciento, sólo entre el cuarto trimestre de 2022 y el mismo periodo de 2023, lo que significa que en todo el sexenio el incremento fue mucho mayor.

La combinación de más empleo y mejor pagado hizo posible, según el BM, que de 2018 al final de esta administración el país pasara de 35.7 millones de personas en situación de pobreza, y que representaban 28.8 por ciento de la población (calculada para ese año en 124 millones), a 26.1 millones de personas en 2024, que representan 20.2 por ciento de la población, calculada por el organismo en 129.4 millones de personas.

Un indicador que no menciona el estudio del Banco Mundial, pero que tiene también mucho que ver con el incremento promedio del ingreso de las y los mexicanos, fue el aumento en el poder adquisitivo del salario mínimo, el mayor en los últimos seis años, en términos reales, no sólo entre los países de América Latina, sino entre los 34 que integran la OCDE.

La desigualdad social, por eso, también se redujo significativamente: según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh), elaborada por el Inegi, la desigualdad de ingresos en el país ha experimentado una disminución radical en los últimos años, pues el coeficiente de Gini pasó de 0.464 en 2016 a 0.413 en 2022, último registro.

Para tenerlo más claro: el decil X –10 por ciento de la población con mayores ingresos– representaba en 2022, último año del ejercicio estadístico, 36 por ciento de los ingresos del país, mientras la mitad de la población con menores ingresos (deciles I al V) acumulaba 20.4 por ciento, mientras en 2016 el decil X acumulaba 40.6 de los ingresos, y la mitad de la población con menores ingresos acumulaba 18 por ciento. La tendencia ascendente en el ingreso de los deciles más bajos de la población se mantuvo, como revela el estudio del Banco Mundial, lo que significa que hoy los extremos de la riqueza y la pobreza son menos ostensibles.

Pero también hay importantes asignaturas pendientes que es preciso cubrir, como la situación de los pueblos indígenas, donde se siguen concentrando las mayores expresiones de marginación y pobreza, aunque fueron priorizadas en la ampliación de los programas sociales. Un enorme paso adelante fue el dado la semana pasada cuando por fin, por reforma al artícu-lo 2 de la Carta Magna, los pueblos y comunidades indígenas alcanzaron el estatus jurídico y constitucional de sujetos de derecho público, un planteamiento que ya habíamos hecho y que nunca se había concretado.

Otra asignatura a reforzar es la productividad y justicia en el campo mexicano, especialmente alcanzar la soberanía alimentaria en los cereales de la canasta básica y que ya figura como uno de los ejes rectores en la propuesta de gobierno, pilar del plan nacional de desarrollo a formalizar por parte de la ya mañana mandataria constitucional Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidenta de México en más de 200 años de vida independiente, y también la Ejecutiva con la mayor legitimidad de mandato en las últimas cinco décadas.

Éxito en la nueva administración federal por iniciar, porque de la eficacia de este gobierno dependerá no sólo el balance final del sexenio, sino el futuro de las nuevas generaciones.