Desde hace más de dos décadas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido criterios que sostienen que ni ese alto tribunal ni ningún otro en México pueden aceptar un amparo contra una enmienda constitucional, por lo que sería incongruente que esta semana los ministros cambien su postura y acepten las impugnaciones promovidas por jueces y magistrados contra la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), señala el profesor investigador de la UNAM, Jaime Cárdenas Gracia.

Creo que hasta políticamente conviene que eso se discuta en el pleno de la Corte para saber la postura de cada quien y cómo van a cambiar su criterio los que estén a favor de la revisión de la reforma que, de manera sostenida, desde el año más o menos 2002 han sostenido que no se puede, dijo el jurista.

El próximo jueves, el pleno del máximo tribunal constitucional comenzará a desahogar las nueve consultas acumuladas hasta ayer que definirán si la Corte procederá o no a revisar la constitucionalidad de la reforma al PJF.

La presidenta Norma Lucía Piña Hernández turnó cinco consultas a la ministra Yasmín Esquivel Mossa y tres a la ministra Lenia Batres, cuyos proyectos van por rechazar que la Corte dé trámite a las impugnaciones por falta de facultades.

Con un criterio opuesto al de Esquivel y Batres, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentará un proyecto que propone una vía que abre la puerta a que la Corte analice la reforma.

¿Por qué no procede? Porque hubo una reforma a la Ley de Amparo en 2013, que está en vigor, que tiene el artículo 61, que dice que el amparo es improcedente contra las reformas constitucionales, ¿no? Entonces, pues está claro que eso no procede.