Mañana, con la llegada a la Presidencia de la República de Claudia Sheinbaum Pardo, se concretará una década de vertiginosos avances de las mexicanas en los cargos públicos, que ha derivado en una sólida presencia en los congresos locales, en el Poder Judicial y en puestos directivos de los organismos autónomos. La reforma electoral de 2014, que incorporó la paridad de candidaturas y las posteriores modificaciones constitucionales que se le denominó Paridad en Todo, colocó a México entre los países de vanguardia en la equidad de género.

Aunque para 2014 ya habían sido gobernadoras seis mujeres en la historia de México, desde que Griselda Álvarez lo hizo en Colima en la década de 1970, en ese año los 32 mandatarios estatales eran hombres y la presencia femenina en los otros poderes y organismos autónomos no era significativa.

En la actualidad, a consecuencia de esos cambios y de criterios en acciones afirmativas tanto en el Instituto Nacional Electoral como en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hay 11 gobernadoras, con la reciente toma de protesta de Denise García en Guanajuato.

Sin embargo, derivado de los resultados electorales de junio, en los próximos días y semanas se incorporarán tres mandatarias más: Clara Brugada, en la Ciudad de México; Rocío Nahle, en Veracruz, y Margarita González, en Morelos. Sumarán en diciembre próximo 14 gobernadoras, cifra muy cercana a 50 por ciento de las entidades.

Una evolución similar se ha dado en los congresos estatales, pues en la actualidad en 18 hay una mayoría de legisladoras. A pesar de ello, como reminiscencia en las prácticas, solamente en siete, la Junta de Coordinación Política es encabezada por una mujer y en 13 la mesa directiva es presidida por una diputada.

En cuanto a los poderes judiciales, aunque se ha incrementado la presencia de magistradas, en la actualidad solamente diez de ellos están presididos por mujeres.

Una larga lucha histórica

Aunque el crecimiento exponencial de la presencia femenina se ha acelerado en los años recientes, la lucha por la participación política de la mujer arrancó hace más de un siglo.

Los primeros pasos de la participación de la política femenina ocurrieron en Yucatán con el activismo de quien era denominada La monja roja del Mayab: Elvia Carrillo Puerto, hermana de Felipe Carrillo Puerto. Su papel en el movimiento por el sufragio para la mujer fue muy importante, como una de las primeras impulsoras, pues fundó una de las primeras organizaciones de mujeres en la lucha por los derechos políticos del género en 1912. Su activismo político también la llevó a respaldar algunas de las primeras acciones de insurrección contra Porfirio Díaz en su tierra.

Vinculada a Rita Cetina, una de las primeras feministas en Yucatán, Elvia Carrillo Puerto pudo desarrollar una carrera política también apoyada por su hermano Felipe, quien llegó a ser gobernador de Yucatán, después de haber dirigido el Partido Socialista del Sureste. Esto le permitió, junto con Beatriz Peniche y Raquel Dzib convertirse en las primeras diputadas en Yucatán y en el país.

No obstante, el asesinato de su hermano precipitó su salida de la entidad, con el retorno de los conservadores al poder.

En Michoacán, María del Refugio García, una militante del Partido Comunista Mexicano en la segunda década del siglo XX impulsó también la causa femenina y el otorgamiento de los derechos políticos para poder votar, aunque también destacó por su respaldo a la lucha a favor de la revolución.

Aun dentro del partido luchó por la marginación femenina y al paso del tiempo, desarrolló mayor actividad en pro de la participación política femenina fundando el Frente Único Pro Derechos de la Mujer en 1935, siendo secretaria general, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Con el tiempo fue una de las primeras diputadas federales en 1955, en la primera elección bajo la reforma promovida por el presidente Adolfo Ruiz Cortines que finalmente le daba el voto a la mujer.

La reforma se dio en un contexto en que la Organización de Naciones Unidas había apremiado a los países que aún no otorgaban este derecho a hacerlo. Fue así que el 17 de octubre de 1953 finalmente se incorporó en el marco legal mexicano: son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años, siendo casados, o 21 si no lo son, y tener un modo honesto de vivir.

Este martes, 81 años después, Sheinbaum Pardo tomará posesión como la primera presidenta de la República.